MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
En su informe de fiscalización del órgano de gobierno de los jueces correspondiente al ejercicio 2010, el Tribunal de Cuentas desveló el elevado margen de "discrecionalidad" y las numerosas irregularidades detectadas durante la presidencia de Carlos Dívar y realizó algunas recomendaciones que ahora los citados grupos parlamentarios han hecho suyas y que han sido votadas en la comisión mixta.
En ese informe, aprobado el pasado mes de julio, el Tribunal de Cuentas detalló que en 2010 las ayudas abonadas por el CGPJ a estas entidades para gastos de funcionamiento y actividades formativas ascendieron a 738.426,66 euros, oscilando la participación de cada una de ellas entre cerca de 210.000 euros y algo menos de 139.000 euros.
El órgano fiscalizador destaca que el CGPJ, a la hora de repartir esas subvenciones no tuvo en cuenta el resto de ingresos ni los gastos de las asociaciones beneficiarias que finalizaron el ejercicio con un superávit presupuestario que osciló entre los 155.000 y los 24.000 euros aproximadamente.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, recogido por Europa Press, ese superávit es consecuencia del modelo de ayudas públicas establecido por el CGPJ en virtud del cual la actividad asociativa ordinaria "ha estado financiada con carácter global, prácticamente en su integridad", con cargo a las subvenciones "con independencia del resto de ingresos y recursos" de las entidades, como el es el caso principalmente de las cuotas de sus asociados.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Entre otras cosas, el informe señala que el CGPJ incentivó las actividades formativas de las asociaciones "por dos vías, directamente a través de la ayuda a la formación e indirectamente al conllevar la realización de las mismas cierta parte de las ayudas a los gastos de funcionamiento".
En concreto, las asociaciones recibieron en 2010 un total de 67.886,66 euros para actividades de formación y, según el órgano fiscalizador, el CGPJ incurrió en algunas deficiencias. Cita, por ejemplo, que los criterios de valoración de las solicitudes de las asociaciones contenidos en las bases reguladoras y en la convocatoria se establecieron "en función del número de afiliados a cada asociación judicial, no de las actividades de formación realizadas".
El tribunal concluye que lo aconsejable habría sido que todas estas ayudas se regulasen de forma específica en una norma con rango suficiente para resolver las "discordancias que dichas particularidades pueden plantear con respecto a la aplicación de las reglas y principios comunes establecidos por la Ley General de Subvenciones (LGS)".
La ausencia de una regulación especial se ha resuelto en parte, según reconoce el órgano fiscalizador, mediante el nuevo Reglamento de asociaciones judiciales aprobado en 2011 que, no obstante, no "termina de resolver los posibles problemas de compatibilidad con la LGS que plantea este modelo y en particular con los posibles excesos de financiación derivados de la coexistencia de las ayudas y subvenciones del CGPJ con otros ingresos o recursos de las asociaciones".
Así las cosas, la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas han aprobado los textos de PP, PSOE e Izquierda Plural en los que plantean que las Cortes insten al órgano de gobierno de los jueces a revisar y en su caso cambiar el modelo de financiación con ayudas públicas de estas asociaciones.
CORREGIR DEFICIENCIAS DE GESTIÓN
También han sido aprobadas el resto de propuestas de resolución de los dos grupos mayoritarios en las que animan al CGPJ a continuar trabajando en la "corrección de las deficiencias de gestión" puestas de relieve por el Tribunal de Cuentas, así como a que se analice la conveniencia de cambiar el actual régimen contable del órgano de gobierno de los jueces.
En este punto, a instancias del PSOE, se insta al CGPJ a que sus las cuentas anuales puedan ser formalmente rendidas por su correspondiente órgano y que la gestión contable de ingresos y gastos pueda ser llevada a cabo por los servicios del mismo.
Asimismo, el Parlamento emplaza al órgano de gobierno de los jueces a elaborar un manual de contratación en el que se aseguren mecanismos suficientes de coordinación, seguimiento y control de todas las fases de la contratación, así como un sistema de supervisión de las mismas.
También ha urgido al CGPJ a tener sus propias normas financieras. Así, mientras el PP hace hincapié en que defina "claramente las funciones de cada puesto de trabajo", el PSOE demanda que se establezcan con precisión las especialidades respecto del régimen económico-financiero general y que elabore una norma interna de aplicación directa a las indemnizaciones por razón del servicio de su personal en general y de sus vocales, en particular.
