Diario del Derecho. Edición de 22/05/2024
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 01/09/2014
 
 

Aforamiento y acción popular; por José María Ruiz Soroa, abogado

01/09/2014
Compartir: 

El día 31 de agosto de 2014, se ha publicado en el diario El País, un artículo de José María Ruiz Soroa, en el cual el autor opina sobre la posibilidad de que junto con la disminución drástica de los aforamientos se cuele la supresión definitiva de la acción penal popular.

AFORAMIENTO Y ACCIÓN POPULAR

Es evidente que el ordenamiento jurídico penal español presenta un elevadísimo número de aforamientos en relación con otros sistemas de nuestro entorno, en los cuales es rara (o incluso totalmente inexistente) esta situación procesal. Sin embargo, convendría completar esta comparación, si se quiere comprenderla en todo su valor, con la constatación de que en esos otros países tampoco existe lo que es una verdadera particularidad procesal española: la acción popular. Y que probablemente existe una relación, no histórica ni estructural, pero sí funcional, entre ambas instituciones.

En España la acción penal por la que se solicita de un juzgado el inicio de una investigación sumarial contra alguien es pública. Cualquier ciudadano, sindicato, asociación o partido pueden ejercitarla, no sólo el ministerio fiscal o el perjudicado directo por el delito de que se trate. La facultad de solicitar el inicio de un proceso criminal no es aquí un monopolio del Estado que lo ejerce a través del fiscal, como es lo normal en casi todos los ordenamientos europeos, sino que está al alcance de todos. Esta popularización de la acción penal ha demostrado sus evidentes ventajas en el pasado para la justicia material (muchos procesos célebres no habrían existido si no hubiera sido porque alguien que no era el fiscal decidió ejercer la acción popular, como en el caso GAL), pero es también obvio que plantea problemas de control sobre los fundamentos reales de las denuncias y querellas que se presentan en los juzgados, puesto que no provienen de un órgano público y técnico que ha investigado y sopesado su conveniencia, sino de cualquiera que tenga interés en ella. Y ese interés puede ser torpe o poco ilustrado, sobre todo en el caso de las querellas contra autoridades políticas o judiciales.

Es hasta cierto punto lógico, por ello, que muchas autoridades estén singularmente protegidas contra procesos o investigaciones sumariales fáciles mediante su aforamiento ante un tribunal plural, que puede sopesar con rigor la conveniencia de admitir o no la acción penal ejercitada muchas veces por un particular. Por eso no debe perderse de vista, en el debate actual, la relación existente entre ambas particularidades hispánicas, no sea que a cambio de la disminución drástica de los aforamientos se nos cuele la supresión definitiva de la acción penal popular. ¿O no es cierto que se piensa en ello en el Ministerio de Justicia?

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

  1. Actualidad: El TC avala la ley de vivienda casi en su totalidad y estima solo parte del recurso de la Junta de Andalucía
  2. Actualidad: El Supremo no ve delito en que Puigdemont llame "cuervos togados" a los jueces porque le ampara la libertad de expresión
  3. Actualidad: La Audiencia Nacional absuelve al clan de los Charlines del delito de blanqueo por el que fueron juzgados en 2023
  4. Actualidad: La AN anula la primera sentencia del caso Villarejo y ordena que se redacte una nueva
  5. Estudios y Comentarios: La muerte de Ebrahim Raisi: un tsunami para Irán; por Alberto Priego, profesor de la Facultad de Derecho de ICADE, en la Universidad Pontificia de Comillas
  6. Tribunal Supremo: El TS aplica la exención del pago o consignación de cuotas para impugnar acuerdos comunitarios a los propietarios que no se encontraban al corriente de su pago
  7. Legislación: Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
  8. Tribunal Supremo: Las ayudas públicas dirigidas a trabajadores por cuenta ajena sometidos a ERTE o trabajadores autónomos, durante la pandemia de COVID-19, disfrutan de la prerrogativa de inembargabilidad parcial frente a deudas contraídas con la TGSS
  9. Tribunal Supremo: Establece el TS el día inicial del cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial, cuando se anulan actos administrativos o disposiciones generales por sentencia, y se impone dictar un acto posterior
  10. Legislación: Estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2024

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana