SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -
En este punto, el deslinde marítimo terrestre de Miengo, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en marzo de 2009, contempla una servidumbre de protección de 20 metros. La Audiencia Nacional da la razón a ARCA y dice que la servidumbre debe ser de 100 metros -la contemplada con carácter general en la Ley de Costas-, con lo que las viviendas de 'Playa Marzán' pasan de nuevo a estar dentro de la servidumbre de protección, en la que la Ley de Costas prohíbe la construcción de viviendas.
Desde la asociación ecologista han valorado la sentencia como "un varapalo a los intentos de Costas, del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Miengo de no cumplir" la sentencia del TSJC, que en 2001 decretó la demolición del edificio al estar construido dentro de la servidumbre de protección de la Ley de Costas. "Pese a lo cual la Demarcación de Costas en Cantabria aprobó un deslinde que contraviene esa sentencia, para tratar de legalizarlo", apostilla ARCA en un comunicado de prensa.
La sentencia de la Audiencia Nacional, difundida este lunes por ARCA, concluye que el Plan Parcial de Cuchía, aprobado en junio de 1988, debió revisarse tras la aprobación de la Ley de Costas en julio de ese mismo año, para aplicar la anchura de servidumbre de protección de 100 metros.
El fallo señala que la anchura de la servidumbre de protección sólo será inferior a los 100 metros cuando dicha anchura, en el momento de entrar en vigor la Ley de Costas -1988- supusiera una disminución de los aprovechamientos urbanísticos que tuviera atribuidos ese suelo, cuya lesión diera lugar a un derecho de indemnización.
La Audiencia Nacional señala que el desarrollo del plan parcial de Cuchía se llevó a cabo con posterioridad a la aprobación de la Ley del Costas, por lo que en el momento de la entrada en vigor de la norma todavía no había derechos urbanísticos consolidados.
PLAN DE DERRIBOS DEL GOBIERNO
El Plan de Derribos del Gobierno contempla la posible legalización de las viviendas de 'Playa Marzán' apoyándose precisamente en el deslinde marítimo-terrestre que anula parcialmente esta sentencia de la Audiencia Nacional.
El plan, presentado en septiembre de 2011, señalaba que "el marco jurídico actualmente vigente en Miengo permite una edificación como la actualmente existente, por cuanto no se encuentra afectada por la servidumbre de protección de costas, pues según indicó la sentencia del Tribunal Supremo, el plan parcial de Cuchía debe considerarse vigente, y ello sin perjuicio de que la licencia que fue anulada por el TSJC sigue estando anulada al ser firme la sentencia, y no tener efectos sobre la misma la sentencia dictada por el Supremo".
"Siendo esto así, y a la vista de los anteriores antecedentes, bastaría con la solicitud y con la obtención de una nueva licencia para la construcción de un edificio idéntico al que ahora existe" y que el Ayuntamiento comunicase esa resolución al Juzgado competente a fin de que declare la inejecución de la sentencia anulatoria", recoge el plan de derribos del Gobierno.
