SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia e Interior, según informa en un comunicado, responde así a la solicitud planteada en la comisión mixta celebrada el pasado 12 de febrero, en la que participaron el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y los decanos de los colegios de todas las provincias de Andalucía excepto el de Málaga.
El consejero y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo, han coincidido en resaltar el esfuerzo y compromiso compartido para priorizar y garantizar la asistencia jurídica gratuita.
De Llera ha puesto de relieve la permanente interlocución que mantiene con los representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y su colaboración para conferir la mayor celeridad y agilidad a estos pagos.
Además, ha valorado "el gran esfuerzo de los más de 7.000 letrados andaluces en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, destacando su dedicación y compromiso por el sostenimiento de este servicio fundamental para garantizar la igualdad de la ciudadanía en el ámbito judicial, especialmente para aquellas personas más afectadas por la crisis y que carecen de recursos para defender sus derechos".
El nuevo calendario pone de manifiesto el esfuerzo que viene realizando la Junta para asegurar la financiación de la asistencia jurídica gratuita pese a la asfixia económica que sufre la comunidad autónoma por parte del Estado y que afecta a todos sus servicios y recursos.
En este sentido, la Consejería ha recordado que desde que comenzó la legislatura la Junta no ha dejado de cumplir el compromiso adquirido con este servicio público, "una de las prioridades del Gobierno andaluz", afirma el consejero, "como parte de las políticas sociales y de igualdad que viene blindando para salvaguardarlas de los efectos de la crisis y los recortes".
El consejero ha destacado que este compromiso y esfuerzo ha permitido culminar recientemente el pago de todos los servicios prestados y certificados por los letrados andaluces durante 2013, cumpliendo así el último acuerdo alcanzado con los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores de Andalucía para el abono de este servicio.
EL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN TEMISA, EN PRUEBAS
Durante las comisiones mixtas, De Llera también ha informado sobre las pruebas que la Consejería de Justicia e Interior está realizando para la puesta en marcha definitiva, en los próximos meses, de un nuevo sistema de gestión de la justicia gratuita, denominado 'Temisa', que permitirá agilizar los trámites en esta materia y avanzar en los pagos que la Administración autonómica realiza periódicamente por este servicio en Andalucía a más de 8.000 letrados y procuradores.
La Consejería de Justicia e Interior y los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores de Andalucía han coincidido en resaltar los múltiples beneficios que aporta esta nueva herramienta y los positivos resultados obtenidos en el período de pruebas en el que se encuentra actualmente.
Esta nueva aplicación tiene como objetivo mejorar la gestión del programa de asistencia jurídica gratuita y homogeneizar al mismo tiempo toda la información aportada por los abogados y procuradores encargados de la prestación de este servicio fundamental para la ciudadanía.
Respecto al Servicio de Orientación Jurídica Penitenciario, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha anunciado al consejero que la entidad que preside remitirá un informe a la Consejería con las conclusiones del estudio que han realizado sobre la propuesta de convenio que realizó la Junta de Andalucía el pasado 12 de febrero.
Por último, las comisiones mixtas de abogados y procuradores también han valorado el informe del proyecto del Decreto por el que se regula el procedimiento de designación, pago y reintegro de los gastos correspondientes a pruebas periciales, traducción e interpretaciones en procedimientos judiciales con cargo a la Administración de la Junta de Andalucía.
Ambos colectivos profesionales se han comprometido a realizar alegaciones al respecto para que continúe su tramitación normativa.
