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La improbable secesión; por José Félix Pérez-Orive Carceller, Abogado

13/05/2014
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El día 13 de mayo de 2014, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de José Félix Pérez-Orive Carceller, en el cual el autor opina que una cosa es lo que ocurrirá en Cataluña, y otra que cuanto más nos preparemos para la secesión mejor impediremos que se produzca.

LA IMPROBABLE SECESIÓN

No existen las cosas absurdas, existen lógicas que desconocemos. Los catalanes no están locos, ni quieren salir de España, ni dejar Europa, ni mucho menos vivir peor. Su lógica entreverada ha sido dejar hacer a Mas: a ver qué conseguía. Asumían un riesgo escaso, en su mano estaba pararlo cuando quisieran. Pero en este dejar hacer Mas ha cometido un error: poner una fecha. Entre perder credibilidad para su discurso o señalar un día para el referéndum, las dos eran malas. Eso es cierto. Cuando eso acontece, es que el error viene de atrás.

Las fechas aprietan, pero más a los que por obligación tienen que hacer en ellas: no es lo mismo hablar de delitos que cometerlos. Artur Mas ahora con su fecha agita el árbol, pero veremos cómo antes de noviembre una pléyade de abogados y políticos catalanes y algunos que no lo son, pero ayudan a cambio de un precio, tratarán, con la excusa de que Mas ha enloquecido, de coger nueces, buscar salidas, proponer cambios... (este es un negocio de millones, lo vimos cuando Ibarretxe). Ocurrirá que la sociedad catalana, que hasta ahora ha preferido estar callada especulando para maximizar sus réditos, empezará a hablar de posponer el referéndum (posponer, recuerden, es abandonar) o de descafeinarlo. Las iniciativas serán múltiples, todo antes de que el anarquismo de la llamada Asamblea Nacional Catalana usurpe las funciones del Parlament con la excusa de protegerlo, todo antes de que la burguesía catalana, Grifols uno entre miles, pueda sufrir la locura en sus bolsillos (obsérvese cómo dijo, por si acaso, que era federalista). Por cierto, a todos los que pugnan por salir del armario, sin perder sus papeles raciales, hay que ayudarles. Lo haría una difícil manifestación de PP, PSOE, Ciutadans y UPyD por el paseo de Gracia.

Comparada con la de Mas, la actuación de Rajoy ha sido inteligente (la de Rubalcaba también): ha mantenido el dialogo hasta donde ha podido, se ha prodigado en declaraciones de respeto hacia los catalanes, económicamente les ha ayudado más allá de lo que era de esperar, y ha hecho pedagogía de que la acción no ha de ir por delante de los hechos, como le pedían. Lo cierto es que llega al tramo final de la gran negociación sin haber perdido ni la serenidad ni la compostura.

Ahora bien, una cosa es lo que ocurrirá en Cataluña, y otra que cuanto más nos preparemos para la secesión mejor impediremos que se produzca. Una cosa es la acción, y otra la previsión. El Estado tiene la responsabilidad de no precipitarse y, a la vez, la de prepararse para lo peor. Hacerlo bien exigirá cumplir unas condiciones límite, que, con posibilidades de equivocarme, podrían ser:

A) Actuar sin dramatizar. Es imposible controlar los sentimientos patrios de muchos españoles que no entienden la mesura con la que nos movemos. Pero si podemos aplicar el rigor de la ley es porque con esa ecuanimidad nos hemos cargado de razón y porque las cosas -actos administrativos- deberán hacerse llegado el caso con naturalidad, sin altisonancias, y menos aún humillaciones.

B) Prevenir la violencia. Bastará con que algunos extraparlamentarios o antisistema la busquen para que la haya. En la declaración de independencia del 34, que se dijo incruenta, murieron ocho personas. Contra la violencia está la fuerza estatal. El uso de la fuerza tiene un principio, y en casos extremos no es el de proporcionalidad, sino el del “mínimo suficiente” para conseguir el propósito. En él podremos equivocarnos, pero no titubear.

C) Sin pasteleos con la ley. En medio del proceso parecería menos forzado un arresto domiciliario que mandar a alguien a la cárcel; claro que, si el delito es prevaricación o usurpación de funciones, y la pena es cárcel, tendría que haberla; de lo contrario se cumpliría lo que ellos esperan: “Que en Madrid no se van a atrever”.

D) Sin afectar la vida catalana. Podrán transferirse las firmas de siempre, en “algunas” competencias de la Generalitat, a la Delegación del Gobierno, pero sin alterar en ningún caso el flujo ordinario del dinero y de la vida cotidiana.

E) Hacer lo correcto, no lo aceptable. No hay que descartar que el Partido Socialista, que no es el de González, tan pronto votara en el Senado la suspensión de alguna competencia autonómica, pudiera sentirse demasiado “pro PP” y discutir luego su implementación. Por lo tanto, todo lo que se pueda acordar por adelantado con el PSOE, mejor. Después, no podrán contemplarlos.

F) Conocer la respuesta nacionalista ante un eventual cambio constitucional. Mas solo aceptará la autodeterminación. No creo que le valiera un derecho a decidir cada cien años. Querría plantearlo todos los años hasta que lo ganara. Ahora bien, discutir el cambio constitucional les vendría bien como excusa para “posponer el referéndum”. Pero cambiar la Constitución debe ser para fortalecer la unidad, no para posibilitar una independencia a plazos.

Pues bien: los estrategas del Gobierno pueden incurrir en dos errores: 1) que su plan de salida sea bueno y no cumpla las condiciones límite citadas; o 2) que satisfaga las condiciones límite, pero estas sean equivocadas. O sea, ser eficaces en lo incorrecto o ser ineficaces en lo acertado. El primero, el PP lo ha cometido en cosas del Estatut catalán o defendiéndose de la corrupción; el segundo, con Bolinaga, Melilla, Gamonal. Aunque pueda parecer cínico decirlo, este Gobierno es más eficaz en explicar lo inexplicable que en el buen uso de la fuerza, lo cual no es malo. Pero va a necesitar manejar ambas capacidades por igual.

El artículo 155 de la Constitución habilita al Gobierno para adoptar medidas y dar instrucciones. Con el acierto en ambas nos jugamos cumplir o no con las condiciones límite de nuestra decisión. Las hay contundentes que se piden y comentan en los bares. Esas actuaciones solo tendrían éxito si no hubiera contratiempos, pero sería un milagro que con las pasiones que concurren no los hubiera. El problema de los milagros no es que se den de tarde en tarde, es que no se puede confiar en ellos. En otras palabras, las medidas deberán cumplir las condiciones límites citadas, en la línea del “mínimo suficiente”, y ninguna exige agradar a la gente.

Para ello, nuestra acción deberá adecuarse a la capacidad de las personas que se encarguen de las instrucciones y medidas. No deberemos elegir diciendo que es un problema de Interior o de Justicia. Habremos de elegir a los más competentes, a esos que la eficacia les es consustancial.

No creo que lleguemos a eso. La reciente Tribuna de Girona pugnaba por un referéndum permitido a cambio -exagerando- de que la pregunta fuera del tipo de: ¿admitiría al diplodocus en el zoológico de Barcelona?

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