MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado rechaza que los hechos recogidos en el libro sean constitutivos de un delito de rebelión, como defendía el abogado querellante, José Luis Mazón, y sostiene que "no se aprecian indicios suficientes que permitan la investigación penal de los delitos denunciados", por lo que concurre su "inexistencia".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 también recuerda que la Constitución establece que la figura del rey es "inviolable y no está sujeta a responsabilidad", al tiempo que "prohíbe inexcusablemente que pueda ser llamado por un juez, ni para declarar ni para ser juzgado".
En relación con el exjefe del Ejecutivo, el auto señala que "no se aprecia ningún elemento objetivo ni subjetivo en los hechos juzgados que permitan inferir su participación" en la trama golpista, a lo que añade "la prescripción del delito a una presunta responsabilidad en el conocimiento de los hechos que se le pretende atribuir".
"INCONSISTENCIA Y FALTA DE ENTIDAD JURÍDICA"
La Fiscalía pidió el rechazo "de plano" de la querella destacando su "inconsistencia y falta de entidad jurídica" así como el hecho de que el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora investigar estarían prescritos al haber transcurrido "más de 20 años desde que acaecieron".
La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue "cerrado en falso" y constituyó "una gran estafa al conjunto del pueblo español", ya que existió una trama civil "desapercibida" e "impune" que estaba formada por "personajes muy importantes del régimen bipartidista".
