MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado el primer paso para sentar en el banquillo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán al que acusa de la comisión de un delito continuado de apropiación indebida por quedarse con 4,4 millones de euros pagados a Viajes Marsans por clientes que contrataron viajes que nunca llegaron a disfrutar.
El magistrado ha transformado las diligencias previas en las que investigaba al empresario en procedimiento abreviado. El juez imputa también por el mismo delito al último director general de la empresa turística, Iván Losada, representante de la sociedad Posibilitum Business, propiedad del empresario experto en quiebras Ángel de Cabo, que adquirió la compañía en junio de 2010.
En un auto hecho público este miércoles, Pedraz defiende que Díaz Ferrán y Losada se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes. Concluye que los clientes perjudicados por Viajes Marsans y de sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados.
OPERATIVA DE MARSANS.
Así, entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 no han sido devueltos y se destinaron a fines ajenos a la actividad del grupo.
A finales de 2009, los proveedores turísticos del grupo Marsans comenzaron a exigirles que los pagos se realizaran durante los 30 días anteriores al inicio de los viajes. El 20 de abril de 2010 la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos.
Un día antes , el 19 de abril, los directivos de la empresa turística pidieron por correo electrónico a sus oficinas que depositaran el dinero de las reservas en una cuenta de la sociedad Marsans Shooping.
Esta cuenta acumuló 2,46 millones de euros, de los que 1,07 fueron traspasados a otras sociedades y 1,14 se retiraron mediante cheques al portador.
Entre el 9 de junio de 2010 --el día antes de la presentación del concurso de acreedores-- y el 30 de junio se libraron 13 cheques por valor de 1,14 millones de euros desde esa cuenta, que habría ido destinados a cuentas de Díaz Ferrán y Pascual.
El 18 de junio, se libraron cinco cheques por valor de 500.000 euros a favor de Viajes Marsans, controlada ya por Posibilitum Business a través de la sociedad Teinver, de la que Losada es administrador único.
El 25 de junio de 2010, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid decretó el concurso de acreedores del Grupo Marsans. La compañía quebró dejando un déficit patrimonial de 271 millones de euros (373 millones si se tienen en cuenta sus filiales), ya que cuenta con un pasivo de 552 millones, frente a un activo de 281 millones de euros. Cuenta con 11.409 acreedores.
LAS CAUSAS DE DÍAZ FERRÁN.
La investigación de Pedraz es sólo uno de los múltiples frentes que Díaz Ferrán tiene abiertos en la Audiencia Nacional y en otros juzgados.
El juez Eloy Velasco instruye otra causa en su contra también sobre Marsans, en este caso por el el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide, en este caso 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE al que acusa de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal.
El pasado junio, un juzgado de lo mercantil de Madrid condenó a Díaz Ferrán y a los herederos de su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, a cubrir en su integridad el agujero patrimonial de Viajes Marsans, que ascendía a 552 millones de euros.
Otro juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, le condenó el pasado mes de diciembre a dos años y dos meses de cárcel por defraudar 99,04 millones de euros del impuesto de sociedades de 2001 derivado de la compra de Aerolíneas Argentinas.
Díaz Ferrán figura además entre los querellados a los que investiga el también juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por la planificar la comercialización de participaciones preferentes de Caja Madrid.
El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid le investiga también por delitos de presentación de datos falsos, alzamiento de bienes, delitos contables y falsedad de documentos privados por la quiebra de Seguros Mercurio.
