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La corrupción engendra corrupción; por Elisa de la Nuez, abogada del Estado

09/04/2014
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El día 9 de abril de 2014, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Elisa de la Nuez, en el cual la autora opina que en países como Italia, Grecia y España en los que la percepción social de la corrupción es muy alta, la mayor parte de los ciudadanos cree que todos los agentes políticos son igualmente corruptos y que siempre van a anteponer sus propios intereses a los suyos.

LA CORRUPCIÓN ENGENDRA CORRUPCIÓN

Ahora que la contemplación diaria de los resultados de la corrupción y el mal gobierno generalizado nos ha dejado tan claro el pésimo funcionamiento de nuestras instituciones, especialmente de las de supervisión y control, el sistema político nacido en la Transición empieza a incurrir en una especie de esquizofrenia. Por una parte, tiene que atender al clamor ciudadano y a las recomendaciones internacionales para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción -muy especialmente la transparencia- pero por otro lado quiere hacerlo intentando no comprometer el sistema clientelar subyacente y de captura de rentas públicas del que depende en gran medida su subsistencia. De ahí que las medidas de regeneración que se proponen sean siempre a futuro, y nunca obliguen a asumir las muy presentes responsabilidades del aquí y ahora, o que se pretenda controlar el frente judicial que tantos daños colaterales es todavía capaz de causar, ya sea vía CGPJ o con el nuevo Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. En fin, se persigue la cuadratura del círculo, luchar contra la corrupción y el mal gobierno pero sin cuestionar sus causas y sobre todo a sus responsables.

Las encuestas del CIS ponen de manifiesto una y otra vez que la corrupción política es uno de los principales problemas para los ciudadanos españoles: 9 de cada 10 españoles creen que está muy o bastante extendida. A esto se une la desconfianza y desafección creciente en las instituciones, que alcanza en el último barómetro del CIS máximos históricos. Los informes europeos apuntan en la misma dirección, como revelan los datos del último informe de la Comisión sobre corrupción de febrero de este año.

Según este informe, en nuestro país el soborno no es habitual, pero la corrupción en sentido amplio constituye una grave preocupación. Si buscamos consuelo, podemos recordar que tres cuartas partes de los encuestados europeos piensan que la corrupción está muy extendida en su país. Eso sí, los países en que más ciudadanos piensan que es así son Grecia (99 %), Italia (97 %), Lituana, España y la República Checa (95 %). No es para estar muy orgullosos.

En todo caso, conviene recordar que la percepción de la corrupción tiene mucho que ver con la falta de transparencia y de mecanismos de exigencia y rendición de cuentas y con la falta de asunción de responsabilidades ya sean jurídicas o políticas. En definitiva, con la percepción de la impunidad que gozan los corruptos y los malos gestores tan característica de nuestro país. Y es que según la definición ya clásica de Klitgaard corrupción = monopolio en la toma de decisiones + discrecionalidad - rendición de cuentas.

La llamada teoría política del agente y el principal considera que los problemas de corrupción y mal gobierno aparecen cuando el agente (el representante político) coloca sus propios intereses por encima de los de su principal (el ciudadano). Porque es frecuente que principal y agente no tengan siempre los mismos intereses. Es más, lo normal es que sus intereses sean divergentes, lo que constituye un incentivo para que el agente decida actuar en beneficio propio y no en beneficio de su principal. Por ejemplo, haciendo recortes en el gasto público muy sensibles para el ciudadano antes que recortes en el gasto político, muy sensibles para el político.

Por otro lado, lo habitual es que el ciudadano no disponga nunca de toda la información sobre la actuación de su representante político. Una cultura política como la española, donde prevalece la opacidad, ofrece grandes oportunidades para que el agente pueda actuar en contra de los deseos e intereses del principal confiando en que con un poco de suerte, éste no se va a enterar de cómo funcionan las cosas, o de que se enterará demasiado tarde. La situación actual de los medios de comunicación en España contribuye de manera decisiva al mantenimiento de esta situación, aunque finalmente algunos casos acaben saliendo a la luz. Pero siempre se puede decir que son excepciones y no la regla general.

Pero el problema más grave surge cuando el ciudadano no está tan deseoso como podría parecer a primera vista de controlar al agente, es decir, a su representante político. O dicho de otra forma ¿qué ocurre si el ciudadano está dispuesto a hacer la vista gorda siempre que se trate de sus agentes? Pues que se produce el fenómeno del sálvese quien pueda, de los que tantos ejemplos que vemos a diario.

Efectivamente, la teoría política nos dice que las soluciones que pretenden atajar la corrupción y el mal gobierno suelen funcionar en entornos de baja corrupción donde se espera que los representantes políticos actúen en interés de los ciudadanos. En esta situación, cuando se observan incumplimientos puntuales, basta con introducir reformas que aumenten la exigencia de transparencia y de rendición de cuentas, o que penalicen estas conductas para desincentivarlas. Se trata de casos excepcionales, dado que el ciudadano es muy exigente en la defensa de sus intereses y se esfuerza en controlar a todos los políticos por igual, con independencia del partido al que pertenezcan como sucede en los países con un menor nivel de corrupción como los nórdicos.

Sin embargo, en países como Italia, Grecia y España en los que la percepción social de la corrupción es muy alta, la mayor parte de los ciudadanos cree que todos los agentes políticos son igualmente corruptos y que siempre van a anteponer sus propios intereses a los suyos. Lo decisivo es que esta mala opinión se extiende incluso a los nuevos agentes o nuevos partidos. El ciudadano piensa que “todos son iguales” y que por tanto se van a comportar como élites extractivas, por usar la expresión que ha popularizado Cesar Molinas. Esta creencia dificulta enormemente la llegada de nuevos políticos, que tienen que demostrar su inocencia, y beneficia a los que ya están establecidos por corruptos que sean en la medida en que esa percepción o favorece la abstención o les favorece a ellos. Efectivamente, si todos los políticos son iguales, el ciudadano optará no por el más honesto o más eficiente -que por definición no existe- sino por el más próximo.

Como ha señalado el profesor Bo Rothstein, de la Universidad de Goteburgo (Suecia), especialista en el tema, en estos entornos se genera un círculo vicioso de desconfianza general que incentiva aún más la corrupción y el mal gobierno que resultan mucho más difícil de combatir.

Los ciudadanos ya no pueden confiar en los políticos, los empleados públicos o simplemente en las personas que no conocen. Nadie cree de verdad que las instituciones sean neutrales y que protejan y garanticen por igual los derechos de todos los ciudadanos, por lo que es más seguro tener un contacto que facilite las cosas. Predomina la confianza particularizada en los grupos, familias, clientelas o partidos políticos por encima de la confianza en toda la sociedad y en sus instituciones. Las empresas ya no piensan que pueden obtener contratos públicos si no contratan al conseguidor de turno, o si no practican de forma compulsiva la revolvingdoor y llenan sus consejos de administración de ex políticos. Las redes informales de confianza sustituyen a las institucionales y se instala la percepción del sálvese quien pueda o más bien del salvemos a los nuestros que ahonda todavía más el círculo vicioso.

No parece exagerado concluir que en España nos estamos deslizando por esta peligrosa pendiente. El entorno de crisis económica contribuye a agudizar el problema, lo mismo que la voluntad de muchos responsables de la corrupción y el mal gobierno de eludir los tribunales de Justicia. ¿Cómo salimos de esta espiral? La respuesta no es fácil, pero sin duda pasa por convertirnos en ciudadanos exigentes y en impedir que quienes dirigen una administración pública puedan usarla de forma patrimonial para construir o mantener redes clientelares que les mantengan en el poder con el dinero de todos los contribuyentes. Para eso, lo primero es no votar a los partidos que hacen este tipo de política y dar una oportunidad a los que no funcionan así. Tenemos una gran oportunidad a la vuelta de la esquina.

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