MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los recursos han sido presentados por Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega, que fueron los condenados a 18 años de prisión, y también por las defensas de Antón Santos Pérez y María Osorio López, condenados a 10 años de cárcel.
Vigo y Domínguez fueron detenidos el 30 de noviembre de 2011 cuando la Policía Nacional detectó en la AP-9, en las proximidades de Santiago de Compostela, un coche en el que guardaban tres artefactos que se encontraban "preparados y con sistemas temporizados de ignición en perfectas condiciones para lograr su explosión".
La sentencia de la Audiencia Nacional consideró probado que Rodríguez Fiallega se citó ese día en Pontevedra con Vigo Domínguez para entregarle tres termos metálicos en cuyo interior había tres artefactos de 2.394,8, 1.744,5 y 1.860,6 gramos, respectivamente.
Con ellos se habrían ocasionado "desperfectos materiales en proporción a los gramos de mezcla pirotécnica que contenían cada uno de los artefactos explosivos referidos", al tiempo que se habrían "puesto en peligro la vida y la integridad de las personas".
Tras recoger los artefactos en su Renault Clio, Vigo Domínguez emprendió viaje a "un ignorado lugar en el que iban a ser utilizados" cuando fue interceptado por la Policía Nacional. En su trastero se encontró una olla a presión que contenía 3,2 kilos de explosivo y también estaba preparada para explotar.
UN MANUAL DE LA CIA
Además, en sus domicilios guardaban documentación relacionada con el independentismo radical y con medidas de seguridad a adoptar para evitar las investigaciones, así como un manual sobre técnicas de interrogatorio de la CIA.
Entre las pruebas valoradas por la Audiencia Nacional se encuentra una pericial que concluye que el material explosivo contenido en los tres artefactos que llevaba Vigo Domínguez es similar al utilizado en otros atentados atribuidos a Resistencia Galega.
En relación con los otros dos acusados, el tribunal concluía que Santos Pérez y Osorio López formaban parte de "la estructura que el independentismo radical violento mantiene en Galicia", participaron en encuentros y prepararon la documentación falsificada que portaban los dos anteriores.
Durante el juicio, que quedó visto para sentencia en julio pasado, el fiscal Marcelo de Azcárraga solicitó entre 12 y 20 años de cárcel para los cuatro acusados, que fueron juzgados por varios delitos de terrorismo con el objetivo de "lograr la independencia del territorio histórico de Galicia y una parte del norte de Portugal".
