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"Respuesta contundente e igualitaria" a corruptos

La Defensora del Pueblo pide a la Policía no calificar a los abogados por su ideología y sus clientes en los atestados

28/02/2014
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La corrupción, los conflictos familiares y los retrasos de los tribunales, encabezan las quejas en materia de Justicia

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado a la Dirección General de la Policía que los atestados no contengan ninguna referencia ni calificación de los abogados en función de cuál sea su ideología o su cartera de clientes.

Así lo expone el capítulo de Justicia recogido en el Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013, en el que refleja una queja dirigida contra el instructor y el secretario de un atestado de la Brigada Provincial de Información de Madrid por "identificar y calificar ideológicamente" a un abogado en función de sus causas y sus clientes.

La institución, dirigida por Becerril, se encuentra a la espera de recibir la contestación de la Dirección General de la Policía a su propuesta de dictar las "instrucciones oportunas" para evitar este tipo de prácticas.

Con todo, la corrupción, los conflictos familiares y los retrasos de años de los tribunales encabezan las quejas al Defensor del Pueblo en materia de Justicia. El malestar ciudadano en torno a la corrupción política y económica se refleja en la petición unánime de dar una respuesta "ágil y contundente", ofrecer un "trato igualitario" a todos los imputados y evitar ciertos indultos.

En el año 2013, 857 ciudadanos se han dirigido al Defensor del Pueblo, entre ellos 325 hablaban sobre asuntos judicializados y 532 discrepaban de la resolución judicial, lo que supone un aumento de 58 escritos sobre el año anterior.

En el ámbito civil, la custodia de los hijos comunes, el régimen de visitas o la cuantía de la pensión alimenticia suelen ser los puntos más cuestionados. "La difícil situación económica que atraviesa el país ha provocado que muchas personas hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus salarios considerablemente, no pudiendo asumir el pago de pensiones de alimentos cuya cuantía se ha establecido antes de la crisis económica y viéndose obligados a solicitar una revisión judicial", expone.

Un año más, el Defensor del Pueblo apuesta por la mediación familiar para agilizar el procedimiento, evitar la "sensación de vencedor y perdedor" que dejan en muchas ocasiones las resoluciones judiciales y evitar el "alto coste emocional" de estos procedimientos.

FUNCIONARIOS CON ABRIGOS, APAGONES Y ARCHIVOS EN BAÑOS

El informe también muestra la preocupación por los retrasos de años que tardan los tribunales en señalar las vistas y aboga por optimizar el rendimiento de los órganos judiciales y racionalizar sus recursos.

Como ejemplo, recuerda casos en que los abogados del Turno de Oficio deben llevar sus propios folios a los juzgados para obtener copias, algunos funcionarios del Palacio de Justicia de Alcoy (Alicante) trabajan con prendas de abrigo por falta de calefacción, mientras que otros se llevan sus ventiladores al soportar temperaturas superiores a los 30 grados en noviembre en los Juzgados de Cangas, en Pontevedra.

A este escenario se suman apagones de luz que obligan a reiniciar las grabaciones de los juicios, archivos amontonados en cuartos de baño, despachos de secretarios judiciales convertidos en improvisados almacenes de prueba o calabozos de escasos cuatro metros cuadrados sin ventanas, según las quejas recibidas.

En su informe anual, la Defensora del Pueblo se declara conforme con los cambios efectuados por el Ministerio de Justicia al bajar algunas tasas judiciales y advierte del "colapso" de algunos Registros Civiles, aconsejando extender el sistema de cita previa telemática para evitar la formación de "largas colas, incluso de madrugada".

Durante 2013, el mayor número de quejas relativas a los registros civiles consulares se centran en el Consulado de La Habana, por lo que se recomienda aumentar el personal en esa oficina. Por otra parte, la Defensora del Pueblo pide al Ministerio de Economía que reconsidere su idea de eliminar la incompatibilidad entre el abogado y el procurador de los tribunales.

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