MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Sección Segunda de lo Penal de este órgano adopta esta decisión de conformidad con lo solicitado el pasado 27 de enero en vista pública. Budovsky, al que se atribuye un delito de blanqueo de capitales, fue arrestado el 28 de mayo de 2013 en el aeropuerto de Madrid-Barajas junto a su lugarteniente en el marco de la 'operación Arthur', desarrollada de forma simultánea en varios países.
La Sala considera que en este caso han de estimarse cumplidos los requisitos del Convenio de extradición entre ambos países, pues se trata de un delito común, no se advierte "motivación espuria" en la reclamación y los hechos no han prescrito, como consignan las autoridades estadounidenses en la documentación remitida.
Tampoco aprecia la Sala que concurran circunstancias que determinen la extinción de responsabilidad del empresario, y tampoco cabe discutir la jurisdicción de las autoridades judiciales estadounidenses "atendido el principio de territorialidad, al haberse cometido parte de los hechos en el citado país".
DETENCIÓN EN TRÁNSITO
Budovsky fue detenido cuando pasó por nuestro país en tránsito desde Marruecos hasta Costa Rica, y para la Audiencia Nacional el hecho de que las autoridades estadounidenses aprovecharan esta circunstancia para detenerle "ni vulnera las reglas de la buena fe, ni constituye engaño ni utilización de foro de conveniencia ninguno".
Además, consideran que queda "fuera de toda posibilidad la tramitación diplomática" y que no puede hablarse de falta de garantías procesales por estar basada la petición estadounidense en la denominada "Ley Patriota", una disposición que enmienda las disposiciones contra el lavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario. Esta norma no excede de las normas initernacionales contra el blanqueo de capitales, según ha constatado la Audiencia Nacional.
El acusado, de origen ucraniano y con nacionalidad costarricense, habría creado un sistema de pago 'on line' en distintas monedas para blanquear cientos de millones de dólares procedentes de actividades delictivas, según informó el Ministerio del Interior.
Liberty Reserve, radicada en Costa Rica, funcionaba como sistema de pago electrónico usado por ciberdelincuentes a los que les facilitaba blanquear las ganancias obtenidas de sus delitos, denuncia Estados Unidos. Así, gracias a esta empresa se podían abrir cuentas y realizar transferencias de dinero con el único requisito de aportar un nombre, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico.
A través de la misma se habrían realizado más de 55 millones de transacciones diarias por un importe que superaría los 6.000 millones de dólares, beneficios que provendrían de delitos tales como fraudes con tarjetas de crédito, robos de identidad, fraude de inversiones, piratería informática, pornografía infantil y tráfico de drogas, entre otros.
