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Reforma de la justicia universal

La Abogacía advierte de las "controversias jurídicas" que la reforma de la justicia universal acarreará a España

14/02/2014
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Muestra su "radical rechazo" porque abre "espacios de impunidad" y reduce "drásticamente" el compromiso de España en derechos humanos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha advertido de las "controversias jurídicas" que puede acarrear la reforma de la justicia universal para España por los tratados internacionales que ha suscrito, al tiempo que ha calificado de "lamentable" el doble rasero aplicado por el Gobierno en sus relaciones diplomáticas.

La Abogacía ha expuesto que el Ejecutivo español se apoya en materia económica en "un mundo cada vez más globalizado, libre de cortapisas y guiado por la cesión de soberanía", mientras que aprueba decisiones que suponen un "repliegue de su vocación internacionalista" en justicia.

La entidad, presidida por Carlos Carnicer, ha mostrado su "radical rechazo" a esta reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que "aparta la vista" de las víctimas de las violaciones de estos derechos humanos para que no obtengan reparación y que constituye una "nueva e injusta limitación" en el principio de derecho internacional.

Según ha advertido, esta modificación puede generar controversias jurídicas con algunos preceptos adoptados por España en virtud de la firma de convenios y tratados, como sucede en el caso del artículo 129 del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949.

"Según este artículo, vigente en el acervo normativo español en virtud del artículo 96.1 de la Constitución, nuestros tribunales pueden perseguir los delitos establecidos en dicho Convenio independientemente de dónde y quién los cometa mientras que, tras la reforma planteada, la Ley Orgánica del Poder Judicial lo impediría", ha precisado.

CRITICA LA CELERIDAD Y LA FALTA DE APOYO

A su entender, España reducirá "drásticamente" su compromiso internacional y su protagonismo en la lucha contra los crímenes contra la humanidad. La reforma desdibuja además el espíritu de la Corte Penal Internacional, que en su preámbulo otorga un importante papel complementario a los Estados, en desarrollo de lo previsto por el Estatuto de Roma de 1998 que la creó.

Para la Abogacía, llama la atención la "celeridad" con la que se tramitan las limitaciones de la justicia universal --la anterior fue en 2009--. "En el caso actual, la ausencia total de apoyos parlamentarios al Grupo que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara parlamentaria y ha presentado la propuesta de reforma", ha añadido en un comunicado.

"Llama mucho más la atención cuando estos ingredientes se unen para aprobar una claudicación de las responsabilidades internacionales de España en la persecución de los crímenes más atroces que puedan cometerse, tales como genocidio, crímenes de guerra, torturas o desapariciones forzadas", ha recalcado, para concluir que la reforma abrirá "espacios de impunidad" contra los presuntos culpables.

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