VALENCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
Así consta en una sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo con fecha 14 de enero de 2013, que estima el recurso presentado por los diputados después de que en noviembre de 2012 el diputado Fran Ferri registrara en las Corts una serie de peticiones de documentación para tener acceso a los informes de resultados de todos los estudios de opinión pública sobre la acción del Consell realizados durante ese año, que no fueron satisfechas alegando que tienen un "carácter instrumental para la elaboración de informes internos de la administración".
La justicia considera que la denegación de esta documentación por parte del Gobierno valenciano vulnera el derecho a la obtención de información de los diputados amparado por los derechos fundamentales consagrados en el artículo 23 de la Constitución Española y obliga al Consell a entregar las encuestas de opinión a Compromís.
De hecho, el tribunal considera que "en este caso concreto no se ha dado razón alguna que justifique la negativa a facilitar dicha información" y añade que "tampoco queda al criterio de la Generalitat Valenciana establecer, mediante la definición de sus límites, dicho derecho". "En consecuencia, debemos declarar la existencia de vulneración constitucional en la negativa a facilitar los datos solicitados por los demandantes a que viene obligado el órgano requerido", apunta.
Desde Compromís han valorado la sentencia, que "apoya los argumentos que la coalición esgrime en la demanda, ya que la negativa a satisfacer una solicitud de documentación estadística vulnera también la normativa estatal y autonómica sobre Función Estadística Pública, que establece el carácter público de los resultados estadísticos y especifica, además, el derecho de los diputados y senadores a obtener los datos, informes y documentos necesarios para el mejor cumplimiento de su actividad parlamentaria".
"UNA NUEVA VICTORIA DE LA TRANSPARENCIA"
Fran Ferri ha destacado, en este sentido, que la justicia "se ha encargado de recordar al gobierno de Alberto Fabra que las encuestas realizadas con dinero público no son propiedad del Consell, para que puedan utilizarlas según los intereses del PP, sino que pertenecen a la ciudadanía, que las paga con sus impuestos".
"Esta sentencia es una nueva victoria de la transparencia sobre la opacidad del gobierno del PP. El señor Fabra tiene que entender que todo lo que se paga con dinero público debe ser público y accesible para todos, por eso cuando se ejecute la sentencia y nos llegue la documentación desde Compromís la haremos pública y la pondremos a disposición de la ciudadanía", ha agregado el diputado.
Asimismo, ha reclamado al Consell que les facilite las encuestas de opinión referidas al año 2013, que han pedido reglamentariamente a través de las Corts "y que también han sido negadas con los mismos argumentos que ahora ha desestimado el TSJCV".
