MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
En un auto, los magistrados de la Sección Séptima han acordado preguntar al Tribunal de Constitucional (TC) sobre la constitucionalidad de las tasas promovidas por el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón ante el recurso presentado por la mercantil Préstamos y Javaloyes S.L.U. y al entender que puede quebrantar varios preceptos de la Carta Magna.
La resolución judicial admite que la exigencia de una tasa, dentro de "ciertos límites y procedimientos y circunstancias, es perfectamente constitucional", pero advierte de que no puede serlo el hecho de que el gravamen condicione la posibilidad de acceder a la jurisdicción y de obtener tutela judicial.
"Las consecuencias de la falta de pago de las mismas sí pueden constituir trabas que resulten innecesarias, excesivas y que carezcan de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador", explica el auto, que recalca que la asistencia jurídica gratuita no alcanza a la mayoría de la población.
El auto, contra el que no cabe recurso, recuerda que en algunos casos las tasas por sí solas "pueden suponer un gravamen igual o mayor que el propio contenido del acto administrativo, constituyendo "un impedimento innecesario y no justificado para poder acceder a obtener la tutela judicial efectiva".
