Manuel Jiménez de Parga es Ex Presidente del Tribunal Constitucional. Catedrático de Derecho Político.
El artículo fue publicado en El Cronista n.º 36 (abril 2013)
La tesis que deseo exponer en esta ponencia es la siguiente: España se encuentra al final de una etapa histórica.
Son muchos los síntomas de esta situación: denuncias diarias de corrupción en políticos e instituciones, cifras de un desempleo que nos agobian, descarrilamiento del sistema de Comunidades Autónomas, falseamiento de la representación política mediante partidos de empleados, una ley electoral mala, desfiguración del régimen parlamentario, quiebra del principio de separación de poderes, una Administración de Justicia politizada.
Hace poco más de un año, el 24 de enero de 2012, expuse en esta Real Academia las deficiencias del régimen político español. Mis observaciones de ese día son ahora más entristecedoras. Se acentuaron, en los últimos meses, los fallos y los errores en la aplicación del sistema. La reacción ciudadana ha de ser urgente, ya que asistimos a una descomposición total.
Ante semejante panorama político debemos actuar impulsando otra manera de organizar nuestra convivencia pública. Afortunadamente sabemos lo que nos pasa y podemos poner en circulación los remedios oportunos. (Como contraste, la advertencia de Ortega y Gasset en la primera mitad del siglo XX: “No sabemos lo que nos pasa, y esto es lo que nos pasa”). La falta de actuación en esta coyuntura sería una grave falta de ciudadanía. Y no hay que alarmarse por el cambio del sistema político; una sucesión que debe ser ordenada, pacífica. El año 1958 los franceses, por ejemplo, estrenaron la V República. La IV desapareció. Allí, al otro lado de los Pirineos, se registra una admirable continuidad desde el año 1870 (la aventura de Vichy es un suceso intrascendente). Cinco son las Repúblicas Francesas.
Con el fin de acabar con “lo que nos pasa”, voy a sugerir algunas medidas. La primera de ellas es la puesta en vigor de una nueva ley electoral. Se trata de una decisión que condiciona las otras revisiones necesarias.
NUEVA LEY ELECTORAL
El sistema electoral establecido por el Real Decreto-ley de 18 de marzo de 1977 no satisfacía plenamente las aspiraciones democráticas. La fórmula de las listas cerradas y bloqueadas genera una representación política despersonalizada: los ciudadanos no se pronuncian a favor de seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, a los que conocen y en los que confían, sino que la relación de nombres –muchos de ellos distantes y desconocidos– va envuelta en las siglas de un partido; la elección es, en esencia, un acto de apoyo a la correspondiente formación política. El peso específico de los candidatos influye poco en la decisión.
En La Vanguardia expuse mis reservas, en aquellos días lejanos de marzo de 1977, al sistema del Decreto-ley. El Gobierno de entonces alegó que era una solución provisional, ideada para encauzar las grandes corrientes de opinión y dejar fuera del reparto de los escaños parlamentarios a los numerosos grupúsculos que amenazaban con hacer ingobernable la futura democracia. Sin embargo, lo provisional se ha convertido en permanente, gracias a las sucesivas decisiones políticas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 19 de junio de 1985, consagró las maléficas listas cerradas y bloqueadas. Posteriores normas no modificaron la fórmula. Lo que se presentó como un padecimiento, inevitable, limitado en el tiempo, es ahora una enfermedad crónica que afecta a la salud de la democracia española.
A lo largo de estos años se han diagnosticado con insistencia las causas de la grave dolencia. Han sido voces que claman en el desierto, pues los que dominan los diferentes partidos están encantados con la tarea de confeccionar las listas.
Las listas cerradas y bloqueadas, además de despersonalizar la representación, favorecen el descenso del nivel de los elegidos. Los partidos no han de contar con candidatos de prestigio y arraigo en los distritos, pues con una relación de mediocres se obtienen los mismos votos que si los aspirantes son notables. Los partidos políticos se convierten en partidos de empleados. Las listas abiertas, con las diferentes recetas del voto preferencial, mejoran algo la calidad de los elegidos, aunque la experiencia extranjera enseña que son muy pocos los ciudadanos que alteran la oferta de los partidos. Yo considero preferible, dentro de los sistemas proporcionales (exigencia de la Constitución, que debe respetarse por ahora), el vigente en la República Federal de Alemania. Allí, la mitad de los componentes del Bundestag cumplen los requisitos mínimos de conocimiento por parte de los electores; se consigue con ellos una representación personalizada, mientras que la otra mitad de los diputados entran en la Cámara gracias a la bendición del aparato partidista.
Insisto en lo dicho: los elegidos en España son unos empleados de los partidos. Se ha defendido, con acierto, que sería conveniente demostrar unos ciertos conocimientos antes de dedicarse a la política activa. Ahora se efectúa el reclutamiento entre quienes militan en un partido, sin tener en cuenta la formación intelectual de los aspirantes. Resulta lamentable el panorama que ofrecen las instituciones representativas. Suele decirse que la política es un arte, pero las ideas de los aficionados, sin la conveniente preparación, generan con frecuencia daños irreparables. La política es, sin duda, un oficio, dándose el contrasentido de que para ejercer las profesiones importantes tengan que superarse los ejercicios de una oposición, o de unas pruebas semejantes, mientras que el cargo político se desempeña sin la previa acreditación de los conocimientos mínimos. Habría que reflexionar sobre esta anomalía.
Y tampoco es admisible, democráticamente hablando, el gasto excesivo de las campañas electorales. Se ha copiado el peor aspecto de las elecciones norteamericanas, donde los enfrentamientos entre candidatos se producen en un ambiente comercial, diríamos, ya que la propaganda predomina por doquier. Se gastan cantidades ingentes en esas campañas de lanzamiento de los aspirantes. Naturalmente esto elimina, desde el primer momento, a quienes carecen de apoyos millonarios. Y quienes pagan pasan luego factura a los elegidos, abriendo puertas a la corrupción.
El espectáculo resulta lamentable. Oportuno es que retomemos la consideración de las normas que pueden hacernos reflexionar. Además de lo dicho, la ley alemana tiene interés porque facilita la realización de la exigencia de una representación política personalizada sin que los partidos dejen de ser los agentes destacados. Al ciudadano se le conceden dos votos: con uno se pronuncia entre las listas presentadas por los partidos en circunscripciones relativamente extensas, como serían en nuestro caso las provincias; con el segundo voto se elige a uno de los candidatos de distrito, o sea en espacios territoriales menores dentro de la provincia, que continuaría siendo la circunscripción electoral (art. 68.2 CE). La proporcionalidad se garantiza en el reparto global de los restos. La mitad de la asamblea se forma con diputados de distrito, que obtuvieron el escaño gracias a la conjunción venturosa de la presencia personal del candidato y un vehículo partidista poderoso, y la otra mitad la integran los diputados de toda la circunscripción, aupados al escaño por la fuerza del partido que los puso en sus listas.
Mi predilección por el régimen electoral alemán se debe, por último, a la exactitud casi matemática que allí se consigue entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños parlamentarios. No se producen las desfiguraciones de la voluntad popular que padecemos en España.
Los dirigentes de los grandes partidos se encuentran aquí condicionados porque les faltan unos votos para hacer esto (que es importante) u oponerse a aquello otro (que también es importante). El panorama político resulta desolador. Unas minorías, con representación sólo en determinadas zonas de España, imponen sus decisiones, sea al Gobierno, sea a la Oposición. Es muy fácil denunciar la inoperancia de un determinado personaje de la escena pública. Tampoco hay que hacer un gran esfuerzo para censurar la falta de medidas para afrontar y resolver la crisis económica o financiera. Menos usual, en cambio, es descubrir el trasfondo político que hay más allá de la situación. Y sin conseguir una mejora de la articulación del régimen, la convivencia entre nosotros se convierte en democráticamente insatisfactoria.
Los españoles no confían demasiado en sus diputados y senadores. Recientes sondeos de opinión lo ponen de manifiesto. Se calcula, incluso, que muchos ciudadanos se hallan desilusionados con el sistema parlamentario descrito en la Constitución de 1978. Es indiscutible que en los últimos treinta años se han producido cambios radicales en la comunicación. Esta revolución en el modo de interrelacionarnos, de poder saber al instante lo que sucede en cualquier lugar, próximo o lejano, obliga a reflexionar sobre las reglas de la elección de nuestros representantes políticos. Ya no son adecuadas las normas de los siglos XIX y XX. El futuro de la representación política tiene que volverse a escribir.
Deberíamos estar satisfechos con un régimen que es formalmente democrático. Nos costó mucho salir de la dictadura y en 1978 conseguimos poner en marcha un régimen de libertades públicas y participación ciudadana. Sin embargo, todas las ilusiones de aquellos días fundacionales no se han realizado. Se percibe en el ambiente un desánimo generalizado. Predomina la tristeza. Y como escribía un clásico francés “no hay peor enemigo que la tristeza, melancolía tenaz que invade el alma como una bruma que oculta la luz del día”. Nuestra luz constituyente se halla efectivamente tapada por la tristeza. Se percibe una vida política en el reino de las sombras: desempleo agobiante, corrupción, antiespañolismo, escándalos en las alturas, discrepancias radicales. Sobre estas últimas, los observadores más optimistas recuerdan una de las advertencias de Séneca, el famoso pensador romano nacido en Córdoba. Dejó escrito Lucio Anneo Séneca: “Toda la armonía total de este mundo está formada de discordancias” Ocurre, sin embargo, que ahora debemos convivir en una situación radicalmente diferente de la que contemplaba el sabio cordobés.
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