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El equilibrio entre el poder y el saber; por Íñigo Guayo Castiella, catedrático de Derecho Administrativo

09/08/2013
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El día 9 de agosto de 2013, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Íñigo Guayo Castiella, en el cual el autor opina que en las circunstancias presentes, cuando algunos de los problemas del sector energético español parecen irresolubles, incluso para los mayores expertos, es el momento tanto de una política energética pactada entre las fuerzas políticas, como del reforzamiento de la regulación.

EL EQUILIBRIO ENTRE EL PODER Y EL SABER

La gobernanza de los sistemas energéticos exige una combinación de la política energética y de la regulación energética, entre el poder y el saber o, en terminología orsiana, entre la potestas y la auctoritas. Necesitamos política, pero también regulación.

Mediante la política energética los gobiernos tratan de cambiar la realidad, en búsqueda de otra que la sociedad reputa como mejor. La política se desarrolla frente a la realidad, no porque se desconozca, sino porque se persigue cambiarla hacia algo distinto. Mediante la regulación, los sistemas energéticos funcionan bajo unas reglas elaboradas a la luz de las exigencias propias de los mercados de la energía: costes, precios, inversiones, amortizaciones, externalidades, tecnologías, formas de transporte, disponibilidad del recurso, eficiencia, etc., etc. La regulación debe estar en manos de órganos especializados, compuestos por profesionales cualificados por sus conocimientos y experiencia, que establecen las reglas y/o las hacen cumplir de forma neutral y técnica. La opción por una determinada política energética descansa finalmente en la propia voluntad optante, convenientemente ilustrada, mientras que la elección de una u otra técnica regulatoria o de una u otra metodología científica para la determinación de costes y precios debe ser el resultado de la argumentación científica, fundamentada en razones.

La gobernanza de la energía requiere una política energética clara, coherente, con objetivos a largo plazo y, si es posible, como resultado de acuerdos entre las fuerzas políticas. Requiere también una regulación profesional, técnica, políticamente neutral y especializada. De la misma manera que las empresas energéticas no deben convertirse en un instrumento de la política económica, en manos de la arbitrariedad gubernamental, el gobierno de la energía no debe dejarse en manos de supuestos sabios que obvien o ignoren dónde quieren los ciudadanos que sean conducidos los sistemas energéticos.

El binomio política/regulación, poder/saber, potestas/auctoritas es claramente distinto de la dualidad público/privado. La regulación y sus postulados de racionalidad no obedecen a los intereses de las empresas privadas que trazan una valla regulatoria protectora frente a los excesos del poder público. Al contrario, la regulación surge por la necesidad de combatir los monopolios naturales, es también una función constitucional.

La política energética depende de los gobiernos elegidos por los ciudadanos y es manifestación del poder, como corresponde a una democracia. La estructura constitucional de la gobernanza de la energía no se agota en la proclamación de una política energética diseñada democráticamente. La regulación energética es una derivación del principio de juridicidad, tan relevante como el principio democrático, porque el derecho implica racionalidad y ponderación (ratio o regulaiuris). Es también la regulación un corolario del artículo 45 de la Constitución, que impone sobre los poderes públicos la obligación de velar por una utilización racional de los recursos. Una tensión típica entre política y regulación acontece en las tarifas de la energía, cuando son fijadas por los gobiernos. La política económica de lucha contra la inflación empuja a los gobiernos a mantener tarifas artificialmente bajas, pero una utilización racional de los recursos debe permitir que los consumidores paguen la energía consumida de acuerdo con el coste real del suministro y sólo con los costes del suministro.

Mediante la política energética las sociedades cogen el destino en sus manos introducen un horizonte en la acción pública, y hacen predecibles unos objetivos que de otro modo sólo serían profecías de dudoso cumplimiento. La regulación debería aportar seguridad y garantías a las empresas y a los consumidores y equilibra abusos tendenciales del poder público en el desarrollo de políticas públicas. En las circunstancias presentes, cuando algunos de los problemas del sector energético español parecen irresolubles, incluso para los mayores expertos, es el momento tanto de una política energética pactada entre las fuerzas políticas, como del reforzamiento de la regulación. Es la hora de implantar una auténtica gobernanza de la energía, el equilibrio entre la política y la regulación, entre el poder y el saber.

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