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Ruz cita para septiembre a Jordán y otros 6 implicados en la trama de obtención de contratos públicos en Madrid

29/07/2013
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También interrogará al ex alcalde Arganda del Rey Ginés López, al ex diputado regional Martín Vasco y al dueño de Martinsa como imputados

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El instructor del "caso Gürtel", Pablo Ruz, ha citado en calidad de imputados para los próximos 11 y 12 de septiembre a la que fuera empleada del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, hasta 2007, Isabel Jordán, y otras seis personas vinculadas con el grupo de sociedades creadas por éste para la obtención irregular de contratos públicos.

Se les imputan delitos contra la administración pública, cohecho, prevaricación, malversación y fraude a la administración pública, delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo. Algunos de ellos ya declararon cuando la causa estaba secreta.

Jordán declarará el día 11 y ese mismo día están citados Javier Nombela y Alicía Mínguez Chacón, encargados de la facturación y de la gestión contable del entramado societario, además de la colaboradora Mónica Magariños, quien según el juez "habría permitido que se contratara una caja de seguridad a su nombre para desvincularla de sus verdaderos titulares".

Un día después comparecerán Pablo Collado Serra (sustituto de Jordán la primera en la administración de las sociedades) y otras dos personas vinculadas con la confección de facturas falsas y que serían los encargados de elaborar las declaraciones tributarias de la trama: Carlos Ignacio Hernández-Montiel Gener y Pablo Ignacio Gallo Alcántara Criado

El auto de citaciones dictado este viernes por Ruz les vincula con el grupo de Correa y del abogado también imputado en la trama Ramón Blanco Balín para presentarse a concursos públicos como entidades independientes, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia, así como simulando operaciones mercantiles para reducir la cuota tributaria.

CONNIVENCIA CON CARGOS PÚBLICOS

Según el juez, este grupo de sociedades habría obtenido múltiples adjudicaciones públicas de forma irregular en connivencia con distintos cargos públicos con influencia o competencia en el ámbito de la contratación pública a los que entregaban dádivas en forma de regalos, viajes, artículos de joyería o efectivo.

Esta actividad se desplegó básicamente en la Comunidad de Madrid, en los municipios de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, y la práctica más habitual sería la de fraccionar los contratos en varios servicios de cuantía inferior a 12.020,24 euros, de modo que las adjudicaciones se pudieran obtener sin concurso.

En otras ocasiones, según detalla el auto, los implicados habrían obtenidos los pliegos de condiciones administrativas y técnicas "antes de su publicación oficial llegando incluso a participar en la redacción de los mismos".

Para alcanzar sus fines, la trama habría hecho uso de otras sociedades ajenas al grupo como Elba Grupo Comunicación S.L., Marketing Quality Management SI (MQM), y el "grupo Rafael" (Fotomecánica Rafael S.A., Techimagen Rafael S.L., Fotomecánica Doble M S.L. y Kilda producciones Fotográficas S.L.).

Al menos parte del dinero entregado a cargos públicos, según el juez, se habrían generado con la elaboración de facturas falsas simulando servicios facturados a otras sociedades o profesionales (Klober Aster S.L., Loribel S.L., Clásica Capital S.L., Elvinde Europea S.L., El dinero revertiría en la caja B del entramado.

EMPLEADOS DE EASY CONCEPT

En otro auto, Ruz acuerda la práctica de varias diligencias solicitadas en su día por Isabel Jordán, consistentes en la aportación de documentos de las empresas investigadas y la declaración como testigos también el próximo 12 de septiembre de los trabajadores de Easy Concept Cristina Montaña Claver, Noemí Martínez Mouteira y Laura Sánchez Martínez.

En la primera de sus resoluciones, el magistrado se hace eco de un dictamen de la Fiscalía en el que se señala que Correa, su mano derecha Pablo Crespo y Blanco Balín idearon en 2005 la constitución de un grupo de sociedades dedicado a la organización de eventos que continuara con la actividad anteriormente desarrollada por en tidades como Special Events S.L., Boomerangdrive S.L. y Technology Consulting Management S.L. (TCM) pero que apareciera desvinculada del primero.

Este nuevo grupo estaría formado por Good&Better S.L., Diseño Asimétrico S.L., Servimadrid Integral S.L. e Easy Concept Comunicación S.L.(antes Down Town consulting), participadas por los tres antes señalados más Isabel Jordán.

Para ocultar la participación de Correa y Crespo en estas sociedades dicha participación se canalizó a través de Hator Consulting S.A., en la que participaba Correa en un 50 por ciento (Inversiones Kintamani S.L.), Crespo en un 20 por ciento (Cresva S.L.) y Blanco Balín en el 30 por ciento restante (R. Blanco Asesores Fiscales S.L.).

Todas ellas, sin embargo, "funcionarian desde todos los puntos de vista como una única mercantil con identidad de actividad, trabajadores y administración", según el juez. Jordán administró estas sociedades bajo instrucciónes de Correa.

"OPERACIÓN ARGANDA"

Por otra parte, el juez Central de Instrucción número 5 ha citado también para septiembre, concretamente el día 16, al exalcalde de Arganda Ginés López, al ex diputado del PP Benjamín Martín Vasco, al propietario de Martinsa Fadesa Fernando Martín Álvarez y al abogado Blanco Balín también como imputados.

También siguiendo el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, el juez detalla en su auto de citación que desde 2003 desde el entorno de Correa se habrían entregado dádivas al exprimer edil de Arganda y al exdiputado y exconcejal de este municipio Martín Vasco, así como al que fuera responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda en este municipio Juan Fernández Caballero. Ninguno de los cobros o regalos fueron declarados a Hacienda.

Como operación relevante, Ruz destaca en su auto la conocida como "Operación Arganda", que concluiría en noviembre de 2004 con la adjudicación por el Ayuntamiento a la empresa promotora Martinsa de una parcela para construir, lo que justifica la citación de Martín Álvarez como imputado.

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