MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Este protocolo, elaborado por los servicios técnicos de este órgano en colaboración con jueces de instrucción de toda España que tienen asignadas estas funciones de control, pretende servir de guía para el ejercicio de esta actividad sin internarse en el contenido de la propia actividad jurisdiccional ni en materias que por su propia naturaleza deban tener el rango legal necesario.
Los juzgados que tienen estas funciones específicas se encuentran en Algeciras (Cádiz), Málaga, Puerto del Rosario (Fuerteventura), Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Valencia, Madrid y Murcia.
Entre las recomendaciones incluidas en la propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, está la que tiene como objetivo que los jueces "se interesen porque los internos reciban información nada más ingresar" sobre la existencia del juzgado que le corresponda, "sus funciones de protección de los derecho fundamentales y la posibilidad de poner quejas directamente por posibles vulneraciones de estos derechos".
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También se ha acordado, aunque esta función está asignada a los secretarios judiciales, que los jueces se preocupen porque los inmigrantes que ingresan en estos centros conozcan las normas del derecho de asilo y los derechos inherentes a situaciones de trata de personas.
En su propuesta, el vocal Gómez Benítez recordaba que la Ley atribuyó a los juzgados de instrucción el control sobre los CIE en 2000, encomendándoles la resolución de las quejas de los internos que afecten a sus derechos así como la realización de visitas a los centros cuando conocieran de algún incumplimiento grave o lo consideraran conveniente.
No obstante, y pese a que la disposición final de la Ley daba un plazo de seis meses al Gobierno para la aprobación del Reglamento correspondiente de desarrollo de la norma, el acuerdo del CGPJ advierte que este documento "no ha visto la luz", lo que obliga a presentar este protocolo que este jueves se votará en el Pleno del CGPJ.
El acuerdo señala que los diferentes juzgados han ido estableciendo en la práctica pautas muy diferentes para la tramitación de estos expedientes que es necesario ordenar.
Tras celebrar varias reuniones con jueces que desarrollan esta labor y con el Defensor del Pueblo, así como con organizaciones sociales que prestan apoyo en estos centros, el vocal Gómez Benítez propone cambios a la hora de computar estas actuaciones en los boletines estadísticos**y recomienda que las visitas de control se acuerden mediante providencia para dotarlas de mayor seguridad jurídica.
Igualmente, se acuerda que las convocatorias futuras que realice el CGPJ de las vacantes en estos juzgados incluyan la referencia a la función de control de los CIES y de las Salas de Inadmisión de Fronteras y que los jueces informen a los centros "cuando concurran circunstancias personales especiales de vulnerabilidad".
