MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Los funcionarios de Justicia iniciarán una serie de concentraciones desde la próxima semana que se prolongarán hasta el mes de junio en los juzgados para protestar contra el "desmantelamiento" del servicio público de esta Administración y contra la atribución del Registro Civil a "lobbys profesionales que pugnan por quedarse con este negocio".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha informado de que las movilizaciones comenzarán el próximo miércoles y tendrán como punto central la sede del Tribunal Supremo. Tras reunirse ante las puertas del alto tribunal, los funcionarios están llamados a participar en sendas manifestaciones los días 12, 19 y 26, todas de 11.30 a 12.30 horas, durante el mes de junio.
Para el sindicato, es innegable la estrategia seguida por el ministro Alberto Ruiz Gallardón al frente del departamento de Justicia a través de un "progresivo vaciamiento" de las funciones encomendadas en la actualidad a funcionarios públicos para traspasarlas "gradualmente" a registradores, notarios, abogados o procuradores "a costa del bolsillo de todos los ciudadanos".
"Lo que no se puede consentir es que, para mantener ese 'status', un Gobierno elegido por todos los ciudadanos, vacíe de contenido los servicios públicos llegando incluso a "pseudo-funcionarizar" todo un colectivo como va a ocurrir con los procuradores, si el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil sigue adelante", advierte.
En este sentido, ve "una barbaridad jurídica" que se otorgue a "unos particulares --en referencia a los procuradores-- la condición de agentes de autoridad" y, sobre todo, cuando esta atribución se hace, a su juicio, para salvaguardar los intereses "gremiales" de un colectivo.
PROPUESTA ALTERNATIVA DE REGISTRO CIVIL
El 'modus operandi' seguido en política de Justicia ha consistido, en su opinión, en "asfixiarla" por falta de medios para luego "privatizarla a trozos con la excusa de que no funciona".
A este proceso, se acompañan los "continuos cambios legales a los que nuestros políticos se abonan al calor de la alarma social que causan algunos sucesos, otra vez la búsqueda del voto, que dan lugar a leyes procesales incongruentes, complejas, llenas de parches y que se adoptan alegremente sin que se prevean las necesidades organizativas y presupuestarias que esos cambios requieren", señala.
Por todo ello, CSI-F también tiene previsto entregar la próxima semana en el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón una propuesta alternativa de modelo de Registro Civil al entender que su atribución a los registradores sería "gravemente perjudicial para la sociedad", que sufriría una "pérdida de garantías" y un "encarecimiento injustificado" de un servicio público que hasta ahora se presta de manera gratuita.
Defiende un Registro Civil dependiente del Ministerio de Justicia, gestionado por funcionarios de la Administración de Justicia, financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado, próximo al ciudadano, único en su estructura y descentralizado en su funcionamiento, informatizado e interconectado.
