GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)
García Calderón, que ha pronunciado este martes la conferencia 'La corrupción en España' en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada, considera además necesaria una "regulación nueva de los delitos societarios", para que se consideren delictivas "aquellas cantidades que se sustraen de las corporaciones mercantiles o sociedades" para el abono de retribuciones de altos directivos, gerentes o administradores cuando tienen una "clara voluntad apropiatoria" y "persiguen confiscar, más que percibir, un salario".
"Es inconcebible que empresas donde hay retribuciones de 10, 11, 12, 13 ó 14 millones de euros sean despedidos cientos de trabajadores en un ERE. Esa cantidad de dinero supone un atentado contra el empleo, y el empleo tiene que empezar a ser considerado un bien jurídico por el derecho penal", ha apuntado el fiscal, para quien la reforma de los delitos societarios "no sólo tiene que proteger la viabilidad económica de la empresa, sino también la viabilidad como una fuente de empleo", porque éste, ha dicho, "debe ser tutelado por el Derecho".
Asimismo, García Calderón cree "urgente" que el Código Procesal Penal se promulgue, porque, por un lado, "es preciso hacer una acotación temporal del proceso", y, por otro, que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción de los casos. Según ha argumentado, los procesos de corrupción "no pueden durar el tiempo que duran en la fase de investigación" sino que deben limitarse en el tiempo, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las investigaciones que realiza la Fiscalía (acotados en seis meses prorrogables), lo que, a su entender, no es "ni mucho menos imposible".
Así, esa "acotación" podría ser flexible, pero, en su opinión, no puede continuar como hasta ahora, "con un carácter casi indefinido", porque las situaciones "graves de corrupción" generan, si las investigaciones se dilatan, una "sensación de impunidad" y una "gran preocupación" en la opinión pública.
El fiscal superior aboga también por "establecer un imperativo presupuestario" que permita que el dinero incautado en las grandes investigaciones de corrupción se dedique "necesariamente" a la lucha contra este tipo de criminalidad, como ocurre en el caso de las multas de tráfico, o en los delitos por narcotráfico.
En lo que se refiere a la creación de un Observatorio de la Corrupción ha recordado que ya existe este órgano en el caso de la violencia de género, que depende en su caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta entidad, con presupuesto propio, analizaría la evolución de las formas más graves de la corrupción, que, según ha advertido, "no es un fenómeno estático, sino dinámico", y establecería las causas de la misma y propondría métodos y medios necesarios para combatirla.
Para García Calderón es igualmente "fundamental" que se desarrollen leyes de transparencia de "naturaleza estatal", y que éstas incluyan un "régimen sancionador" compatible con la respuesta penal. "Hay muchas conductas que son reprobables jurídicamente pero que no son delictivas y muchas están vinculadas con el régimen de incompatibilidad y con la transparencia. La única manera de combatir todo esto, para no crear una falsa sensación de impunidad, es establecer ese régimen sancionador", ha incidido.
Por otra parte, ha considerado que la corrupción debe ser considerada como una forma de crimen organizado, colectivo y no individual, y ha alertado de la "trivialización" de estos casos, del "riesgo de generalización" y del "cuestionamiento sistemático de algunas instituciones". Esto último no es "lógico" ni "justo" porque provoca además un debilitamiento de la lucha contra la corrupción, según ha indicado el fiscal, para quien es además un "error" y "perjudicial" "meter a todos "en el mismo saco".
