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Santiago Muñoz Machado ha ofrecido la evolución histórica de las normas legales relacionadas directamente con la pobreza, y se ha detenido especialmente en la aportación intelectual del humanista valenciano Joan Lluís Vives, autor de textos fundamentales sobre la pobreza.
El nuevo honoris también ha recordado algunas cifras sobre la pobreza actual en el mundo, para añadir: “La pobreza no sólo no ha sido erradicada, sino que se ha convertido en un problema global, considerando las crecientes desigualdades existentes entre unos y otros países de la tierra”. Así, en 2008, un 22% de la población mundial vivía con menos de 1,25 dólares por día, mientras 2.470 millones de personas, un 42% de la población mundial, vivía con menos de 2 dólares por día. En España, con datos de 2011, el 21,8% de los hogares estaba por debajo del 60% de la renta media y, por tanto, en situación de pobreza relativa.
El jurista ha indicado: “Ante la persistencia del problema de la pobreza no cabe, sin embargo, la resignación”. Y ha advertido: “Hay que abandonar la creencia de que la delimitación, contenido y alcance de la acción conducente a hacer efectivos los derechos sociales, está vinculada esencialmente a la coyuntura económica, de forma que pueda prescindirse de ella o reducirse su contenido prestacional en tiempos de crisis. No tengo esta aseveración por ajustada a los valores y principios que consagra nuestra Constitución, porque la eliminación o reducción de las políticas sociales puede afectar directamente a la dignidad humana, que es un valor situado en el artículo 10.1, a la igualdad y a la consecución de una convivencia más justa y solidaria”.
En ‘la laudatio’, Juan Francisco Mestre, se ha referido a la vinculación de Muñoz Machado con la Universitat de València, y también a su trayectoria docente y en cargos de asesoramiento de las más altas instancia del Estado. Pero Mestre se ha centrado en la tarea investigadora del nuevo ‘honoris’, de entre la cual ha destacado “su genial capacidad de identificar, en cada momento histórico, los problemas o las cuestiones relevantes que afectan a la realidad y a la estructura social y jurídica, para situarlos en su particular platina y afrontar su análisis y diagnóstico, suministrando guías o criterios de interpretación solventes, y ofreciendo siempre resultados precisos, de los cuales podrá discreparse, pero nunca por carecer de una sólida fundamentación, un riguroso razonamiento o un resultado solvente”.
En concreto, los temas de investigación han sido la organización territorial del poder, el Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea, y el Derecho de la regulación económica. Y especialmente, cómo no, su “Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General”, proyectado en cinco tomos, de los cuales ya han visto la luz los cuatro primeros, cada uno de los cuales se desarrolla en más de mil páginas.
Por su parte, el rector Esteban Morcillo ha destacado del nuevo ‘honoris causa’ su “firme defensa jurídica de los derechos y políticas sociales por encima de las argumentaciones económicas tan tristemente habituales en la actualidad, y su visión que estos principios, la lucha contra la pobreza, uno de los objetivos de desarrollo del Milenio, sea un deber exigible y un derecho de los necesitados en cualquier país del mundo, nos dan la dimensión de su compromiso social”.
El rector ha aprovechado por recordar “una vez más, y precisamente ahora”, en el contexto de una grave crisis económica, “la importancia del sistema universitario público en la formación de las personas, en la generación y la transferencia de conocimiento, de ciencia y de cultura, pero también su decisiva contribución a la cohesión social mediante la generación de prosperidad y bienestar en una sociedad más justa y solidaria”.
Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949) es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido elegido para ocupar el sillón ‘r’ de la Real Academia Española. También académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Asimismo es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la International Academy of Comparative Law.
Después de trabajar para la Presidencia del Gobierno durante algunos años, en su condición de miembro del Cuerpo de Técnicos de la Administración Civil del Estado, obtuvo por oposición las plazas, primero como profesor adjunto de la Universidad Complutense, y luego como agregado y catedrático de las Facultades de Derecho de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha impartido la docencia también en diversas universidades europeas y americanas.
Pertenece a los consejos editoriales de diversas revistas españolas y extranjeras y dirige la Revista General de Derecho Administrativo (electrónica) y El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho.
Su obra jurídica la componen más de cuarenta libros y centenares de artículos. Entre sus estudios más influyentes destacan las que se refieren al Tercer Sector y la actividad social del Estado, las concernientes al Derecho de las Comunidades Autónomas y las dedicadas al Derecho de la regulación económica. Y su gran libro de síntesis, proyectado en cinco volúmenes de los que ha publicado hasta el momento cuatro (con un total de más de cinco mil páginas), titulada Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, es la obra de referencia en la materia, tanto en España como en otros países.
Además de su obra estrictamente jurídica es autor de libros de relatos (Riofrío, 2010, con muy amplia difusión), investigaciones históricas (El problema de la vertebración del Estado en España, 2006), estudios biográficos de carácter histórico (Sepúlveda, cronista del Emperador, 2012) y ensayos sobre cuestiones de actualidad (Informe sobre España: repensar el Estado o destruirlo, del que se han hecho tres ediciones entre noviembre y diciembre de 2012).
