SANTIAGO/MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha confirmado la fianza de 7.021.352,57 euros que el juez Ismael Moreno impuso al que fuera director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia Javier García de Paredes, al considerar que "existen indicios suficientes de responsabilidad criminal respecto del imputado".
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que rechaza de esta forma un recurso de apelación presentado por su defensa en el marco de la causa en la que se investigan las prejubiliaciones millonarias que se adjudicaron los responsables de la entidad, sostiene que la fianza tiene el objetivo de garantizar "el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias" que podrían derivarse del procedimiento y no "el perjuicio producido".
La resolución judicial, de la que ha sido ponente el magistrado Julio de Diego, sostiene, a partir de un informe de la Agencia Tributaria, que García de Paredes deberá devolver el 95 por ciento de los salarios entre julio de 2012 y enero de 2025, que cobró "anticipadamente", ya que la correspondiente capitalización "no se encuentra completada en su contrato laboral".
De igual modo, la compensación bruta especial de 100.000 euros que percibió se aprobó sin el visto bueno del Banco de España, que es preceptivo, según recuerdan los magistrados de la Sección Segunda, conforme a la normativa vigente y las recomendaciones europeas sobre políticas de remuneración en el sector financiero.
EXISTENCIA DE PERJUDICADO
En su recurso, García de Paredes alegó que el presidente ejecutivo de Novagalicia Banco, José María Castellano, había señalado ante el juez que no existía "perjudicado", lo que llevó a esta parte a señalar que no había "nada que afianzar". Sin embargo, el tribunal entiende que se trata de "una mera prueba testifical más que no puede por sí sola ni probar ni desvirtuar los hechos expuestos en la querella".
El tribunal recuerda que García de Paredes y otros cuatro exdirectivos están acusados de "haber procedido, con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia, a disponer fraudulentamente de bienes de la misma, ocultando al Consejo de Administración el importe de sus prejubilaciones, a las cuales no tenían derecho".
Además de García de Paredes, están imputados el exdirector general de la antigua caja José Luis Pego, a quien se impuso una fianza de 1.925.222,90 euros; el que era responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, que ha avalado 1.218.136,53 euros; y el responsable de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada, al que se impuso una caución de 347.920,02 euros.
El quinto imputado es el expresidente Julio Fernández Gayoso, al que el juez Moreno declaró responsable civil solidario de las otras cuatro fianzas, que en conjunto superan los 10 millones de euros.
PERCEPCIONES IRREGULARES
Estas cantidades son las que, según la Fiscalía Anticorrupción, los exdirectivos habrían percibido irregularmente más lo que tenían previsto ingresar si su plan de cobros hasta su jubilación hubiera concluido con éxito.
De no constituirse las fianzas, según señalaba el auto, se procedería al "embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama". Los cinco exdirectivos están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.
En su querella, Anticorrupción apuntaba que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
