GRANADA, 24 (EUROPA PRESS)
El magistrado Miguel Ángel del Arco ha transformado las diligencias abiertas en procedimiento abreviado, con lo se sitúan a un paso del juicio los acusados, entre los que se encuentran el exvicepresidente de la institución provincial, Julio Bernardo (IU), actual secretario provincial del Partido Comunista, el que fuera director del área de Cultura, Juventud y Cooperación Local, que dependía de IU, Jorge López, y M.M.F., la pareja de Francisco Cuenca, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, además de otros técnicos, trabajadores de la Diputación y empresarios.
En el auto de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez recuerda que la instrucción comenzó tras la denuncia interpuesta por el Ministerio Público después de la investigación que emprendió la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior y hace un repaso por las "irregularidades administrativas" detectadas.
Entre ellas, alude a "expedientes incompletos" sobre la tramitación de la feria Mercamed y del proyecto Magrec --la exposición--, o "artificiales" para "cumplir una formalidad legal", la posible "inexistencia" de relación mercantil entre las empresas que intervienen en la contratación y facturan, la "indiciaria intención de favorecer a determinado grupo de sociedades que encubrirían una posible concesión ilícita de contratos", o a empresas que "cobran sin ser invitadas al concurso".
Asimismo, el juez considera que hubo "proyectos preparados ad hoc", documentos privados entre empresas "sin existir constancia de los mismos en la Diputación", facturas "indiciariamente falsas", emisión de "facturas puente" para "evitar el control europeo", y sin "existencia de requisitos legales", "subcontrataciones por empresas ilegales", o delegaciones de funciones.
Por otra parte, el instructor se pregunta por qué este "indiciario caos administrativo" del asunto 'Mercamed' ha "podido escapar a los mecanismos de control, visado y órdenes de pago que existen en un ente provincial como es una Diputación". "Nos resulta como si la relación jurídico procesal del lado de los imputados estuviese huérfana de otros responsables que deberían haber sido denunciados", señala el magistrado, que añade que "la experiencia en otros casos de mayor calado económico y más transgresión del derecho positivo que el que nos ocupa así lo muestra y enseña".
Ahora, las partes, entre ellas la Diputación, que está personada como acusación popular, disponen de un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa, según consta en el auto, que adelanta la prensa local, y que data del 18 de enero de este año.
