MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Según una nota remitida este viernes por la Fiscalía General, la instrucción reitera el criterio ya expresado por este órgano en 2007, que señala que los fiscales deberán proceder a la destrucción de la droga incautada, "conservando únicamente muestras suficientes para posibles comprobaciones o investigaciones posteriores".
Para realizar esta labor, deberán solicitar la debida autorización al juez competente y asegurarse de que la droga ha sido efectivamente destruida. Si el juez lo denegara, los Torres-Dulce conmina a los representantes del Ministerio Público a interponer recursos y notificar la resolución denegatoria al fiscal jefe Antidroga.
CONTROLAR RETRASOS
Además, en cumplimiento de esta instrucción, los fiscales establecerán cauces de comunicación con los responsables policiales y con los órganos administrativos encargados de la custodia de las drogas intervenidas "para controlar y detectar cualquier dilación que se pudiera producir en el proceso de destrucción de drogas almacenadas".
En este sentido, la Instrucción recuerda el acuerdo firmado el pasado mes de octubre por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y diversas instituciones por el que se establece el protocolo a seguir en la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas y estupefacientes.
Por último, se incrementa el sistema de control de la destrucción de las drogas incautadas, y para ello todos los fiscales superiores emitirán un informe semestral dando cuenta al fiscal Jefe Antidroga, José Ramón Noreña, de la destrucción de dichas sustancias en los procedimientos judiciales y de la evolución del depósito de las drogas intervenidas.
