LUGO, 3 (EUROPA PRESS)
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo e instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, ha denegado la solicitud de la defensa del expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y exconcejal en Lugo, Francisco Fernández Liñares, de obtener la libertad, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Fernández Liñares, que lleva en la prisión más de dos meses, es el único detenido en el marco de las investigaciones sobre una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para conseguir adjudicaciones de servicios públicos que permanece en prisión. La Fiscalía lucense ya había expresado su oposición a que el político socialista fuese puesto en libertad por entender que podría entorpecer las investigaciones.
Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en su auto la jueza argumenta la denegación de la libertad en base a la gravedad de los delitos que se le imputan y ante la necesidad de practicar nuevas diligencias de instrucción "cuyo éxito se podría ver frustrado" en caso de que Fernández Liñares dejase la cárcel.
La instructora le imputa a este político socialista los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, por su supuesta implicación en la trama para la adjudicación de concesiones públicas a cambio de sobornos.
Tras su detención el pasado 20 de septiembre, la jueza decretó cuatro días después para él prisión provisional, comunicada y sin fianza, por lo que inicialmente fue conducido a la prisión de Monterroso, pero hace pocos días fue trasladado a Bonxe para que no siguiese gozando del privilegio de estar internado en el módulo de cuerpos de seguridad.
OTROS DETENIDOS
Por su parte, el responsable de la empresa Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, sí obtuvo la libertad a mediados de noviembre tras haber pagado 80.000 euros de fianza y el encargado de la ORA en Lugo, Javier Reguera, también salió recientemente de prisión tras recurrir a la Audiencia Provincial y abonar 40.000 euros de fianza.
A ambos se les retuvo el pasaporte y tienen que comparecer periódicamente en sede judicial. Por su parte, desde las primeras detenciones el pasado 20 de septiembre, los imputados en la Operación Pokémon ya superan la treintena.
