MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
"Esto tiene que traer consecuencias", advierte la asociación judicial en un comunicado en el que pide "seriamente" al Gobierno que "medite" sobre la ley aprobada y que "suspenda su aplicación modificándola mientras tanto por otra norma más adecuada".
"Lo que debe hacer el ministro de Justicia es afrontar con realidad los problemas de la Justicia en lugar de enredar con reformas de la ley de tasas, del estatuto orgánico del Poder Judicial y con la reforma de la LOPJ, pues parece que su único interés es atacar a la independencia judicial", ha recomendado la asociación de jueces y magistrados.
En este sentido, recuerda que España posee uno de los índices más bajos de jueces por 100.000 habitantes de todos los países que forman el Consejo de Europa. "Somos los cuartos empezando por la cola", agrega.
Recuerda así que los jueces españoles soportan una de las tasas de litigiosidad más altas de la Unión Europea y que resuelven anualmente más de 9 millones de asuntos, "no existiendo parangón en toda Europa de tasas tan altas de resolución por Juez". "Y todo ellos a costa de su sacrificio personal y familiar", apostilla.
EXPULSIÓN DEL CIUDADANO MEDIO
En vez de solucionar la carencia de jueces y la existencia en algunos casos de leyes procesales "ineficaces y obsoletas", la asociación Francisco de Vitoria reprueba que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón no haya decidido ampliar la planta judicial, afrontar "con valentía" una reforma de la Oficina judicial o cambiar las oportunas leyes procesales.
Por contra, añade, el ministro ha optado por "expulsar del proceso civil, contencioso-administrativo y social a una gran parte de la población española, al ciudadano medio". "Y para ello nada más simple que imponer unas tasas disuasorias, de modo que acudir a los Tribunales sólo pueda estar al alcance de algunos", agregan.
"Pero como en este país se legisla sin previsión alguna, a 100 por hora, se publica una Ley de tasas que entra en vigor al día siguiente y resulta que el Ministerio de Hacienda no tiene preparados los impresos correspondientes". "No se puede pagar la tasa. La total y absoluta descoordinación entre Justicia y Hacienda", concluye.
