MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El despacho jurídico del vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, lleva la defensa jurídica del Consistorio madrileño en este proceso judicial, a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que cuenta con una asesoría jurídica formada por 78 personas.
Once letrados que realizan informes jurídicos, es decir, que no llevan a cabo la representación procesal; 26 letrados que sí asisten a juicios, "dedicados a procedimientos contenciosos, básicamente", y el resto es personal administrativo y auxiliar, ha explicado el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva.
Tras la Junta de Gobierno, Villanueva ha explicado que ha contratado a un bufete de abogados externo ya que la especialidad de los asesores jurídicos del Consistorio son "los procesos contenciosos, básicamente.
Precisamente por ello, el presidente de esta asociación, Miguel Ángel Gallardo, ha indicado a Europa Press que se ha pedido al Tribunal de Cuentas que se pronuncie acerca de si está "bien contabilizado el uso de caudales públicos".
La petición se produce después de que el diario 'El Mundo' avanzara que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha recurrido a contratar a un buffete privado para asesorarse en la investigación de lo sucedido la noche del 31 de octubre en el pabellón Madrid Arena.
"Nadie sabe cuánto dinero se han gastado en contratar a este bufete y si pagarán a otros despachos para tareas encomendadas a la asesoría jurídica del ayuntamiento. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento no están haciendo lo que tienen que hacer y se contrata a abogados privados para que lo hagan", ha señalado Gallardo.
Según Apedanica, "el decimonónico corporativismo profesional de los abogados explica que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en España ciertos funcionarios públicos todavía puedan ejercer libremente como abogados sin límite ni control alguno, con varios cargos mercantiles en tantas empresas como deseen e incluso ser administradores concursales".
Añade que al mismo tiempo que un bufete privado puede ser contratado para asuntos penales del servicio de inteligencia y en este caso, también del Ayuntamiento de Madrid, "sin ningún control contable".
Por ello, solicita al Tribunal de Cuentas que exija "la responsabilidad contable al Ayuntamiento de Madrid por los pagos, o compromisos de pago, asumidos con el bufete o los bufetes privados en los años en los que todavía puedan exigirse responsabilidades contables para su enjuiciamiento, interrumpiendo cualquier posible prescripción".
