DE LA HUELGA Y LA REFORMA LABORAL
En una de las últimas reuniones de la negociación del convenio colectivo de un sector industrial de trascendencia en Alemania, el ambiente estaba muy tenso porque llegaba el turno de tratar el incremento salarial para el próximo año. La patronal propuso entonces un aumento austero acorde a las condiciones más o menos críticas del sector afectado: un 1,8% de subida. La reacción de la parte sindical no se hizo esperar y fue enérgica, esperando la patronal una propuesta evidentemente mayor. Pero la incredulidad fue mayúscula al conocer los argumentos de los representantes de los trabajadores: no se podía permitir ese encarecimiento de salarios bajo ningún concepto porque ello iba a suponer directamente una clara destrucción de empleo por parte de las empresas afectadas, al no poder acometer ese pago incrementado, y ello no era permisible. Proponían, por tanto, una subida notablemente inferior. Llamativa situación, ¿verdad? En el fondo late ese deseo de construir juntos para crecer. Con ello no quiero hacer una comparación odiosa con nuestra situación. Sólo llamar la atención de que un buen ejercicio de responsabilidad, aunque a corto plazo pueda suponer sacrificios que no siempre comprendidos, tiene inevitablemente buenos frutos. Mal menor para intentar conseguir un porvenir mejor.
La convocatoria de huelga general para esta semana realizada por los sindicatos mayoritarios no es, a mi modo de entender, un modelo de compromiso responsable similar al citado anteriormente. Como ya he tenido ocasión de comentar en estas mismas páginas, el derecho de huelga está altamente protegido en nuestra Constitución, por su carácter de derecho fundamental. A pesar de su desarrollo legal limitado y difuso -sólo mejorado por las continuas sentencias que se han ido dictando a lo largo de estos años-, su ejercicio es privilegiado y predomina sobre cualesquiera otros derechos en conflicto, incluido el derecho al trabajo y, por qué no decirlo, también a veces sobre el interés general de los ciudadanos en el uso de los servicios públicos. Pues bien, es precisamente ese trato de favor legal el que fundamenta que su práctica deba realizarse con suma cautela, analizando cuidadosamente todas las ventajas e inconvenientes de su ejercicio, agotando todas las alternativas posibles y en fin, procurando salvaguardar todos los intereses en juego. Y, en estos momentos, nos estamos jugando mucho. Ni estamos ante una huelga cualquiera, ni el momento es indiferente para España y su porvenir económico y social, ni el simbolismo de lo que significa una huelga general dentro y fuera de nuestras fronteras puede minusvalorarse.
Los sindicatos en nuestro país, han cumplido y están cumpliendo un papel trascendental en el desarrollo democrático, en el bienestar social y en un sistema moderno de relaciones laborales. Lo han demostrado en muchas ocasiones, gracias a un consenso social que ha tenido muy buenos resultados sobre todo en materia de negociación colectiva y acuerdos tripartitos de gran calado para nuestra economía (véase el acuerdo de contención salarial firmado en este año para los convenios colectivos). Precisamente por ello, por ese reconocimiento legal e institucional, el plus de responsabilidad que se les debe exigir debe ser notablemente superior en las circunstancias actuales, tan críticas, que estamos atravesando. Canalizar la protesta contra los ajustes gubernativos, contra la reforma laboral, contra ciertas medidas impopulares, es objetivo propio de la acción sindical, y se entiende que estos acontecimientos se produzcan cuando las ideas son contrapuestas. Pero manifestar esa percepción que se tiene de lo que está ocurriendo en España a través de un instrumento de tanta fuerza como es el de una huelga general, no parece que sea, con todo el respeto, el camino adecuado para abordar los retos que tenemos en el corto y largo plazo en nuestro país. No es el momento de arrollar, es la oportunidad de volver a edificar lo que hemos perdido todos estos años y en esa tarea debemos estar todos involucrados.
Uno de los epicentros de la movilización es la palpable enemistad sindical contra la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno este año. Los sindicatos y otras voces del ámbito social y político se hacen eco de los dramáticos datos del paro para tratar de fundamentar el argumento de que la Reforma ha sido un fracaso, y que más que tratarse de una nueva ley emprendedora del empleo, estamos en presencia de una norma propiciadora de más desempleo. No creo en absoluto que ello sea así. Estamos en mitad de una tormenta económica que trae su origen no de febrero -fecha de entrada en vigor de la ley laboral- si no, tristemente, desde hace más de cinco años. La destrucción económica ha traído consigo un estropicio de proporciones tremendas en el mercado de trabajo. Y si precisamente ha ocurrido eso durante este periodo de tiempo se ha debido a que la anterior legislación laboral era lo suficientemente estricta y rígida para impedir que las empresas pudieran acometer procesos de adaptación a la crisis de forma alternativa a la pura extinción de los contratos, como venía sucediendo en otros países de nuestro entorno.
La reforma laboral incide precisamente en la búsqueda de estas soluciones alternas, y si bien el dramatismo de la situación y el corto plazo de su vigencia no nos deja ver todos los efectos positivos que tiene, ya se atisban resultados favorables de medidas adoptadas con total beneplácito sindical y con plena aceptación social, que tratan de paliar el impacto en la reducción de plantillas mediante mecanismos alternativos, fundamentalmente modificación de condiciones de trabajo. En efecto, en el reciente Observatorio de seguimiento de la Reforma Laboral, realizado mediante encuestas a todo tipo de empresas, pequeñas y grandes, se extraen como conclusiones positivas que, por ejemplo, la nueva regulación en materia de contratación a tiempo parcial ha incrementado o podría incrementar en los próximos tres meses el número de contratos formalizados; que las medidas de flexibilidad interna previstas por la reforma están comenzando a dar sus primeros resultados: casi tres de cada cuatro de las empresas encuestadas han adoptado algún tipo de medida en esta dirección, como alternativa al despido; y en fin, que los procesos de suspensión de contratos o reducción de jornadas comienzan a generalizarse en detrimento de los extintivos. Además, y como novedad absoluta dentro de nuestra práctica laboral, es frecuente combinar estos ajustes cuantitativos (suspensiones, extinciones y reducciones de jornada), con las medidas que pueden calificarse como cualitativas (movilidad, modificación de condiciones, descuelgues). Y, todo ello, insisto en procesos que han sido generalmente acordados entre las empresas y los representantes de los trabajadores o sindicatos. Éste es el camino a seguir, ésta es la responsabilidad, de todos, para que podamos mejorar nuestro maltrecho mercado laboral.
Queda mucho camino por recorrer, y a pesar de los buenos deseos de que se vean los frutos pronto y se empiece a crear empleo cuanto antes, es muy complejo obtener resultados a corto plazo cuando todavía el resto de los elementos de la mejora económica (crédito, confianza, etc...) están por asentarse; pero no me cabe ninguna duda que en nuestro mercado de trabajo la iniciativa legal si va acompañada de compromiso de trabajo constructivo conjunto, corresponsabilidad y lealtad mutua, nos hará comprender que estamos todos en el mismo barco. En definitiva, que nuestro modelo de relaciones laborales, presente y futuro, debe ser moderno, de cooperación, y no anticuado, de confrontación.
