MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Durante su defensa del proyecto de ley de modificación del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social ante el Pleno del Congreso, Gallardón ha indicado que siete de cada diez denuncias acaban en condena, lo que arroja un total de unas mil condenas cada año.
Sin embargo, más de 600.000 euros estafados a la Hacienda pública están pendientes de cobro, en parte porque las liquidaciones administrativas no se efectúan hasta que concluye el proceso penal, lo que "causa un gran perjuicio para las arcas públicas".
LAS LEYES SON "INSUFICIENTES"
Ante esta realidad de que las leyes son "insuficientes" para "afrontar el desafío de la delincuencia fiscal", los ministerios de Justicia, Empleo y Hacienda han desarrollado este proyecto de ley, que "trata de dar una doble respuesta que actúe tanto en el cobro como en el reproche penal" a los defraudadores.
"Pocas normas tienen tanta importancia y repercusión en la vida ciudadana como ésta. Es la respuesta, largamente demorada, a una necesidad estructural de defensa de lo público desde el punto de vista del ciudadano honrado que, con su esfuerzo, contribuye con el mantenimiento de unos servicios", ha defendido el ministro, recordando que de depende la "credibilidad" y la "competitividad" del país.
