MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El jurado ha galardonado a Xiol Ríos, presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, con el premio Puñetas de Oro por su "consolidada jurisprudencia en materia de derecho al honor y libertad de expresión" y por haberse constituido en un "claro exponente de una acertada política de transparencia institucional, facilitando la labor de los periodistas que cubren la información del Tribunal Supremo", informó la asociación.
Las Puñetas de Plata han sido otorgadas genéricamente a la Sala de lo Penal y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, órganos a los que se quiere reconocer la "trascendental" labor que ambas instituciones han jugado "en defensa del Estado y de los ciudadanos frente al terrorismo".
El premio Puñetas de Bronce, por su parte, ha sido concedido al profesor Manuel Jiménez de Parga, ex presidente del Tribunal Constitucional, de quien se destaca su "brillante trayectoria profesional, en la que ha abarcado los más diversos ámbitos jurídicos, desde la cátedra a la abogacía, ejerciendo máximas responsabilidades en instituciones esenciales en el Estado de Derecho".
RECONOCIMIENTO AL TSJ DE BALEARES
Además, los organizadores han creado un nuevo galardón denominado Puñetas Periféricas que quiere reconocer la labor desarrollada por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y de us responsable de Comunicación, María Ferrer, a quien se reconoce su "magnífico ejemplo de transparencia y colaboración institucional con los medios de comunicación, facilitando la labor de los mismos" en la cobertura de informaciones como las relacionadas con el 'caso Nóos'.
El premio 'Vete a hacer puñetas' ha sido concedido a "la falta de compatibilidad informática en la Administración de Justicia", que, según la asociación, "hace imposibles las conexiones entre órganos judiciales de distintas comunidades autónomas".
Al acto de entrega de la segunda edición de estos premios está prevista la asistencia, entre otros, del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner; del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; y del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
