MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Abogacía General del Estado, que dirige Marta Silva, y el departamento de Eduardo Torres-Dulce, estudian de forma coordinada las alternativas legales que podrían llevarse a cabo en el caso de que Mas haga efectivos sus anuncios. En ese caso, se actuaría en consecuencia para tomar las "medidas oportunas", según las fuentes consultadas.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya advirtió al candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat de que podría incurrir en la comisión de un delito si convoca un referéndum por la independencia y se niega a cumplir el mandato del Tribunal Constitucional.
La acusación se dirigiría contra él por un posible delito de desobediencia de una resolución judicial, sancionado con multa e inhabilitación en el artículo 410 del Código Penal.
Este artículo castiga a "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales".
El procedimiento a seguir consistiría en que el Gobierno impugne la convocatoria de una consulta por la autodeterminación, la cual sería previsiblemente suspendida por el Tribunal Constitucional a tenor de la jurisprudencia que establece que la potestad para convocar un referéndum consultivo recae sobre el Gobierno central.
