MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La demanda de los medios de comunicación se produjo el pasado mes de julio, a raíz de la dimisión del que fuera presidente Carlos Dívar tras conocerse que realizó 32 viajes de fin de semana largos, de hasta 4 días, parte de cuyos gastos fueron cargados al órgano de gobierno de los jueces.
Tras el Pleno del CGPJ celebrado el pasado 28 de junio, la vocal portavoz Gabriela Bravo, pese a la insistencia de los periodistas, comunicó que no se daría información pormenorizada sobre los viajes que hubiera realizado cada vocal y tampoco quiso aclarar si esta posibilidad fue si quiera abordada durante la sesión, alegando que las deliberaciones son "secretas".
Un mes más tarde, un grupo de periodistas reclamó por escrito al CGPJ datos de los viajes de fin de semana de cada uno de los vocales "con la concreción de la actividad oficial que ha justificado tales gastos durante cada uno de los días de desplazamiento".
La respuesta ha llegado este martes a través de un acuerdo denegatorio en el que Moliner, pese a reconocer el derecho a la libertad de información en el que los periodistas basan su pretensión, rechaza informar porque la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no amparan las peticiones "genéricas".
Ambas normas, según Moliner, regulan el derecho de los ciudadanos a acceder a registros y documentos "sin que en ningún momento permita que nadie pueda acceder a los mismos sobre una petición genérica del estilo de la efectuada por los demandantes de la información que es objeto del presente procedimiento".
NO HAY VIAJES DE FIN DE SEMANA
Moliner recuerda los argumentos expresados por Bravo durante la rueda de prensa del Pleno de junio, cuando se señaló que el propio secretario del CGPJ había redactado un informe que concluía que no había habido viajes de vocales en fin de semana a lugares distintos a su residencia habitual ni tampoco situaciones análogas a las disfrutadas por el dimitido Dívar.
Estas consideraciones se realizaron "a salvo de una revisión exhaustiva del conjunto de la documentación que, de todos modos, ofrecería supuestos sumamente excepcionales, pudiendo afirmarse que en cualquier caso no resultan análogos a los que fueron cuestionados" al expresidente.
Dice además Moliner que desde hace varios meses trabajan en el Consejo funcionarios del Tribunal de Cuentas "en un proceso de clarificación y adecuación a derecho de todas las actividades contables del mismo, que serán los que en su día darán cumplida cuenta de la adecuación o no a derecho de las mismas, a las que podrán tener acceso todos los que tengan legítimo interés en conocer su resultado".
En dicho Pleno del mes de junio, recuerda el presidente del CGPJ, se acordó por unanimidad dejar constancia de la disposición de todos los vocales de comparecer ante las Cortes Generales y ante el Tribunal de Cuentas para dar cuenta de su actividad.
Durante un encuentro celebrado días antes entre periodistas y el vocal de la Comisión Presupuestaria Ramón Camp, se informó de forma genérica que los altos cargos del Consejo (los vocales más el secretario general) emplearon a lo largo de 2011 un total de 470.645 euros en desplazamientos por el territorio nacional y gastos de protocolo.
A esta cifra habría que sumar la parte correspondiente a los viajes de los vocales cargada al capítulo de relaciones internacionales, que ascendió a un total de 360.088,59 euros en 2011; y lo pagado por el órgano de gobierno de los jueces para viajes de personal de su parque móvil y la manutención de los escoltas con los que el Ministerio del Interior dota los desplazamientos de estos altos cargos, que sumaron otros 295.271,04 euros más.
