El nuevo organismo agrupa las funciones que desarrollan la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. En esta reordenación de funciones se transfieren a los distintos Ministerios aquellas tareas de índole administrativa cuyo desempeño no requiere una especial independencia, y que antes desempeñaban los organismos reguladores citados.
Única institución
Las funciones de supervisión regulatoria y de defensa de la competencia se integran en una única institución, de forma que se simplifican estructuras y se maximizan economías de escala. La creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia tendrá importantes efectos en el tejido económico por la mejora de la intervención pública en los sectores afectados y por los beneficios que reporta una mayor competencia. Además, se reforzará la seguridad jurídica dado que desaparece el riesgo de que los organismos sectoriales y la autoridad de competencia adopten criterios divergentes; se reducirán los trámites y los procedimientos serán más ágiles.
La integración supone un importante ahorro de gasto que, en una primera estimación conservadora, pueden alcanzar los veintiocho millones de euros, por la disminución en el número de altos cargos (pasan de 52 a 9), y por la reducción de servicios comunes, infraestructuras, gastos de funcionamiento y personal.
Esta Comisión se configura como un organismo público, con personalidad jurídica propia y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Está adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de su relación con los otros Ministerios competentes por razón de la materia en el ejercicio de sus funciones.
Composición
El Consejo tendrá nueve miembros: un Presidente, un Vicepresidente y siete consejeros. Los miembros del Consejo serán nombrados por el Gobierno, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto. El mandato de los consejeros será de seis años sin posibilidad de reelección.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia tendrá potestad normativa, de manera que podrá dictar circulares para el desarrollo y ejecución de leyes y reglamentos en los sectores regulados. En materia sancionadora se reconoce la facultad de inspección y se consagra el principio de separación entre la instrucción y la resolución de los expedientes sancionadores.
