De este modo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar una nueva Ley de Protección Civil consensuada con las comunidades autónomas y con los Ayuntamientos, que de respuesta a las necesidades actuales de la población y sea acorde con los requerimientos actuales en materia de emergencias; que incorpore los nuevos riesgos como posibles factores desencadenantes de grandes catástrofes.
Esta nueva ley debe también revisar la actual estructura de gestión de grandes catástrofes haciéndola más moderna, interdepartamental y que atienda a criterios de eficiencia económica y fomente el dialogo y cooperación permanente entre las administraciones públicas y los operadores de infraestructuras y servicios, así como que establezca los mecanismos de coordinación y colaboración de los distintos órganos y administraciones competentes.
La Cámara reclama también que la ley tenga en cuenta la realidad competencial de nuestro país; que tenga en consideración las recomendaciones y análisis que emanan de la Estrategia Española de Seguridad y que incluya el marco internacional de protección civil y especialmente en el nivel europeo.
Del mismo modo, propone que recoja los elementos esenciales que deben reunir los Protocolos de coordinación de todas las instituciones a nivel nacional implicadas en una gran emergencia, incluyendo las fórmulas de incorporación de los responsables de las distintas administraciones públicas que se vean afectadas, con el fin de hacer más eficaces y eficientes los mecanismos de alerta y respuesta, y siempre con total respeto a las competencias propias de las mismas, así como los elementos esenciales de los protocolos de coordinación institucional cuando se trate de colaborar en acciones de intervención frente a catástrofes fuera de nuestras fronteras, buscando la profesionalidad y el ejercicio para fortalecer el conjunto del sistema de protección civil.
La Proposición no de Ley insta al Ejecutivo a que reconozca a la Escuela Nacional de Protección Civil como un instrumento vertebrador de la formación especializada y de mandos de alto nivel; que respete en todo caso las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, siempre bajo la interpretación del Tribunal Constitucional de estas competencias; y que potencie los mecanismos de colaboración entre Comunidades Autónomas y Estado.
