LA CRISIS DEL PRESERVATIVO
La crisis política y diplomática entre Reino Unido y Ecuador ha marginado momentáneamente a la crisis económica. Para analizarla hagamos abstracción de los ingredientes políticos y personales del embrollo. Un ciudadano australiano de visita a Suecia establece una relación amistosa con una ciudadana sueca que finaliza en la intimidad de un dormitorio. Según la mujer, después de haber compartido sus mutuas apetencias, se quedaron dormidos. En ese trance el varón se desvela y decide renovar sus deseos sexuales mientras la mujer dormía.
Hasta aquí, la versión que la ciudadana sueca manifiesta a una fiscal para que persiga el hecho penalmente. El elemento del crimen radicaba en que, aprovechándose de la duermevela, el varón no se había colocado el preservativo. A la representante del ministerio público le pareció que la versión facilitada carecía del más mínimo sustento delictivo y archiva la imputación. Entran en escena abogados y policías que aconsejan a la sueca para que presente una denuncia por violación. Otra fiscal decide abrir una investigación preliminar para comprobar lo que era evidente.
Ante la inconsistencia de los cargos aparece otra mujer que le acusa de haberse negado a ponerse el preservativo, “contrariando su expreso deseo”. Con estos mimbres, Suecia acuerda poner en marcha una demanda de extradición y Reino Unido decide entregar al varón a los tribunales suecos. El Convenio Europeo de extradición exige que la información facilitada para justificar la petición sea suficiente, completa y de contenido inequívocamente delictivo. Ante la respuesta positiva de los tribunales ingleses podemos preguntarnos: ¿hubiera entregado Reino Unido a un ciudadano británico reclamado por hechos semejantes?
Suecia no alega ninguna otra infracción. Ahora bien, a nadie se le escapa que lo que está en juego En este tinglado faltan personajes. Assange es australiano, no un apátrida es mucho más que una ofensa sexual. El sistema judicial inglés demostró una gran sensibilidad y finura jurídica en el caso Pinochet. Sus jueces no pueden ignorar que, según las previsiones del Convenio Europeo, no se permite la extradición cuando existen razones fundadas para creer que la solicitud, camuflada bajo un delito común, se ha presentado con el fin de perseguir a una persona en consideración a razones políticas.
Volvamos a la realidad y detengámonos en los personajes y en los elementos componentes de este embrollo. El protagonista es Julian Assange, dueño y fundador de Wikileaks, que ha difundido informaciones reservadas del Pentágono y del servicio exterior norteamericano. El Estado al que afecta la información de manera directa es, ni más ni menos, que Estados Unidos. Los comparsas, Suecia, Reino Unido, las ciudadanas suecas y la fiscal escandinava. A última hora y de manera imprevista, entra en escena Ecuador, que introduce un factor multilateral en el enredo.
Si EE UU considera vulnerada su seguridad nacional deben reclamar directamente a Assange, sin intermediarios. Calificar la difusión de los documentos como un delito de traición es más que discutible. Tendrán que explicar por qué rompen la interpretación de la Corte Suprema sobre el valor de la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión e información. La Corte declaró la licitud e incluso la conveniencia de que los ciudadanos norteamericanos conociesen el contenido de los papeles del Pentágono sobre la intervención, inicialmente subrepticia, en la guerra de Vietnam. Deberán desautorizar al presidente Kennedy que proclamó el compromiso del Gobierno de facilitar información auténtica y transparente sobre la cosa pública, tratando a los ciudadanos como adultos responsables. Por último, no pueden seguir ocultando las condiciones de internamiento del soldado Manning ni las violaciones de sus derechos constitucionales. El derecho a recibir información veraz es un pilar básico de una sociedad democrática avanzada. La reacción de los sectores conservadores de la sociedad norteamericana revela que las bases fundacionales de la nación se están debilitando.
Suecia está adoptando un penoso papel en esta historia. Nadie cuestiona su sistema judicial pero se puede desconfiar razonablemente de la politización de algunos sectores de la fiscalía. Si quieren juzgarle por agresión sexual tienen la obligación de asumir el compromiso de no extraditarlo a EE UU. En el caso de que el juicio llegara a celebrarse, nos depararía momentos escabrosos e interrogatorios subidos de tono. El debate sobre el preservativo será un elemento insoslayable.
Reino Unido es por lo menos sospechoso de actuar como intermediario de EE UU. La torpeza del diplomático británico que amenazó con entrar por la fuerza en la embajada ecuatoriana desató las justificadas protestas del Gobierno sudamericano y de la OEA con la excepción de Canadá, EE UU y la exótica aportación de Trinidad-Tobago.
Si Suecia retira la petición de entrega o celebra el juicio con un posible resultado absolutorio la intriga se desvanece y habría que urdirla con nuevos materiales. En este tinglado de la antigua farsa faltan personajes. Se escuchan voces escandalizadas ante el mutismo de un actor que debería tener un papel estelar en el reparto. Assange es un ciudadano australiano, aunque algunos pudieran pensar que es un apátrida.
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