MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros estudiará este viernes el informe con los trabajos realizados hasta el momento por la Comisión de expertos encargada de elaborar una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta, que incluye la modificación del sistema de elección y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El informe que el Ministerio de Justicia someterá al estudio del Consejo de Ministros no es el anteproyecto de ley, pero sí los trabajos realizados por la Comisión institucional constituida el pasado marzo para configurar una organización "más racional y eficaz" de la Administración de Justicia.
La reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial se concibió con la pretensión de superar "el obsoleto modelo basado en el partido judicial" y de "adaptar la organización territorial a los tiempos actuales de acuerdo con el modelo de organización judicial". Tiene además como objetivo contribuir a la reactivación económica y a la protección de los derechos civiles, sociales y económicos.
Los expertos también han debatido sobre las condiciones de los futuros miembros del Consejo General del Poder Judicial para que sean muy diferentes a las que tienen en la actualidad.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que este viernes revisará el Consejo de Ministros contemplará previsiblemente que sólo haya unos cinco vocales liberados y que el resto cobre sólo dietas por asistir a plenos y que sigan con su trabajo de jueces y fiscales, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno.
En la actualidad, el órgano de gobierno de la judicatura está compuesto por un total de 20 vocales mas el presidente. Todos ellos están liberados de sus ocupaciones y mantienen unos sueldos que están considerados de los más altos de la administración del Estado.
De hecho, el presidente del CGPJ cobra casi el doble que el presidente del Gobierno. Su sueldo anual es de 130.000 euros repartidos en catorce pagas. Los 20 vocales reciben una remuneración, también muy superior a la del jefe del Ejecutivo, aunque un poco menor que la del presidente del Consejo. Reciben 112.000 euros anuales.
CAMBIO EN LAS CONDICIONES Y LA ELECCIÓN DE LOS VOCALES
Sin embargo, esta situación podría cambiar a partir de la próxima renovación del CGPJ, que toca para el cuarto trimestre de 2013, a tenor de la reforma que prepara el Ministerio de Justicia, en la que, además, se prevé modificar el sistema de elección de los vocales.
Las fuentes consultadas explicaron que la previsión es que se mantenga una Comisión Permanente en el Consejo del Poder Judicial, que esté formada por unos cinco miembros liberados con dedicación exclusiva. El resto de los vocales mantendría la actividad que tuviera asignada previamente a ser elegido y sólo cobraría dietas por la asistencia a los plenos, una vez al mes o cuando les convoque el CGPJ.
Este sistema sería muy similar al que ahora funciona en el Consejo de Estado, en el que hay una comisión permanente --formada por ocho miembros, más el presidente y el secretario general--, que se reúne todos los jueves. Mientras que el resto de los consejeros que integran el pleno, hasta llegar a una treintena, no tienen dedicación exclusiva y sólo cobran dietas por la asistencia a los plenos.
EVITAR "LA BUROCRATIZACIÓN EXCESIVA"
Para la reforma del CGPJ, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón también ha venido defendiendo en distintas comparecencias la necesidad de cambiar la forma de elección de los vocales para "despolitizar" la designación de los 12 vocales que ahora son elegidos por el Congreso y el Senado de entre los miembros de la Carrera Judicial.
Para ello, planteó que éstos fueran elegidos por los propios jueces a través de un sistema electoral que garantice la máxima representación de todos aquellos.
Los otros ocho vocales son juristas de reconocido prestigio y son elegidos igualmente por las Cámaras legislativas. A estos ocho vocales no les afectaría la reforma.
Finalmente, la reforma de la LOPJ ha procurado igualmente evitar la burocratización excesiva y acometer una redefinición de competencias y de Comisiones en el Consejo General del Poder Judicial.