SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
"Acato la sentencia, pero no la comparto y tampoco considero que sea justa", ha dicho este viernes a Europa Press Manuel Ruiz Lucas, quien ha explicado que su abogado sopesa actualmente la posibilidad de recurrir este fallo del Juzgado de lo Penal número ocho de Sevilla. Ruiz Lucas considera que a través de esta sentencia, se convierte en un "chivo expiatorio" de los conflictos generados en Andalucía en los últimos años en materia de urbanismo, porque "en Andalucía hay más de 200 municipios con urbanizaciones como Las Minas". "El PSOE y la Fiscalía sólo tienen conocimiento de esta? ¿Sólo se denuncia esta urbanización?", ha preguntado retóricamente.
"MIL URBANIZACIONES" COMO LAS MINAS
Abundando en este extremo, Ruiz Lucas ha avisado de que un informe de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz da cuenta de la existencia de aproximadamente "mil" urbanizaciones como Las Minas en toda Andalucía", por lo que ha considerado que el trato dispensado a Castilblanco de los Arroyos y a su gestión constituye "totalmente" una muestra de discriminación.
Manuel Ruiz Lucas ha defendido que "el 50 por ciento" de los suelos de esta urbanización están calificados como terrenos "urbanizables" por el vigente planeamiento urbano y ha avisado de que los socialistas pretenden "hundir" Castilblanco de los Arroyos. Igualmente, el exalcalde y aún concejal en dicho municipio ha alertado del papel del PSOE en los hechos en cuestión porque, según sus palabras, "el promotor de todos los suelos fue el padre de una concejal del PSOE y él no figura en el sumario, pero es el PSOE quien me denuncia a mí".
SENTENCIA CONDENATORIA
La sentencia, recogida por Europa Press, considera que el ya condenado "hizo dejación de sus funciones de garante de la legalidad de forma deliberada y consciente, permitiendo la construcción indiscriminada en zona no urbanizable, con todas las consecuencias que ello conlleva, omitiendo su obligación de actuar".
"Hasta 2001 no existe ninguna actuación del acusado reveladora de la intención de restablecer la legalidad urbanística, pese a ser plenamente conocedor de la misma, no en vano llevaba ya casi 20 años en el cargo", señala el fallo, que desgrana que en 2001, Ruiz Lucas dictó un decreto de paralización de una construcción ilegal, al igual que en 2002, mientras que en 2003 dictó 30, en 2004 un total de 35, 43 en 2005 y 21 en 2006.
En estos decretos, el entonces alcalde ordenada suspender las obras y restablecer su situación originaria, con apercibimiento de que en caso contrario se procedería a la incoación del expediente sancionador por parte del Ayuntamiento, aunque la juez considera que el imputado actuó así "para crear una aparente legalidad toda vez que no consta incoado ni un solo expediente sancionador o de demolición, pese a que le constaba el incumplimiento de los decretos de paralización, haciendo pues dejación deliberada de la aplicación de la disciplina urbanística".
