MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Así lo han señalado este martes fuentes jurídicas que han indicado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha asumido por reparto la querella presentada por UPyD contra 35 directivos de Bankia por el "engaño masivo para cientos de pequeños inversores" que, según su portavoz, Rosa Díez, constituyó la cotización de la entidad financiera.
La asignación de esta querella al juez Andreu crea antecedente sobre este asunto en la Audiencia Nacional, por lo que este magistrado también será el encargado de decidir sobre la competencia de la querella que llegará al tribunal procedente del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.
La querella de UPyD imputaba a los exresponsables de Bankia los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, intervención fraudulenta y desleal, y maquinación para alterar el precio de las cosas.
INTERVENCIÓN JUDICIAL
Además, solicitaba como medida cautelar la intervención judicial de la entidad para "proteger los derechos de los trabajadores y de los acreedores y evitar que se puedan destruir pruebas o no colaborar con la Justicia", según señaló Díez a las puertas del tribunal.
La acción judicial está dirigida contra los miembros del anterior Consejo de Administración de Bankia y del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de la entidad, entre los que se encuentran el que era su presidente Rodrigo Rato; el vicepresidente y máximo responsable de Bancaja, José Luis Olivas; o los vocales Ángel Acebes, exministro del Interior; y Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).
PERJUICIO A LA ECONOMÍA NACIONAL
La segunda querella, presentada por el sindicato Manos Limpias, se dirige contra el ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y los ex presidentes de Bankia por delitos de imprudencia grave en el control de la sociedad, societario, de administración desleal y malversación de caudales públicos.
La juez Mercedes Gutiérrez Suárez se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional al considerar que es competente en este caso, ya que en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) este tribunal debe investigar "defraudaciones que produzca un grave perjuicio a la economía nacional".
En opinión de la juez, "el importante y conocido quebranto patrimonial" que ha tenido lugar en la entidad "exige al menos la apertura de una investigación por las posibles consecuencias en el sistema financiero y económico nacional".
