AMNISTÍAS
En una economía de guerra se echa mano a lo que se puede, por ejemplo, una “amnistía fiscal”. La acordada por el Gobierno busca tanto ingresos como repatriar el dinero negro que salió de España en la anterior Legislatura ante el deterioro de nuestra economía. Como digo, economía de guerra: a falta de inversión extranjera, al menos que ese dinero huido no tema, retorne y vuelva a fluir por el sistema económico.
Estos “perdones fiscales” se han aplicado en Alemania (2003), Italia (2009) o Portugal (2010) y en España no es la primera amnistía. A la de 1979 siguieron las de Boyer y Solchaga, pero la de ahora tiene un matiz relevante: en aquellas el amnistiado no pagaba, ahora tributará al 10%, luego no es una amnistía en toda regla salvo en la no exigencia de sanciones, intereses ni recargos, que no es poco.
Aparte de la fiscal, hemos tenido otras amnistías o, si se quiere, regularizaciones, por ejemplo, las de extranjeros ilegales. Cuando el volumen de ilegales crece se llega a un punto en el que el Gobierno opta por hacer borrón y cuenta nueva. El “Papeles para todos” deja el regusto de que ha compensado carecer de escrúpulos y contratar indocumentados, mano de obra ilegal o que ha compensado vivir y trabajar en esa situación en espera de otro reventón de la burbuja de indocumentados.
Algo parecido ocurre con la amnistía a los ayuntamientos morosos. La acumulación de facturas impagadas ha llevado a una situación insostenible a miles de proveedores. De nuevo la economía de guerra y, de nuevo, el incumplidor -en este caso ya no es un evasor ni un empresario sin escrúpulos, sino un ayuntamiento- obtiene una quita del 10% de sus deudas. Se ha jugado con la desesperación del acreedor a quien más le vale amnistiar de su bolsillo al deudor municipal en ese 10%; de lo contrario, no cobrará. La cuestión es si las cuentas le salen y si ese dinero no se lo llevarán los deudores del deudor, léase bancos.
Otra amnistía. Ahora hay que dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a los empleados del hogar, algo que ha permitido en estos días anunciar un leve -y ficticio- incremento de cotizantes. El acicate, una reducción del 20% de la cotización durante tres años; otro estímulo del que se beneficiará el empleador clandestino con escarnio de quienes han estado cotizando por su empleadas del hogar en el desaparecido régimen especial. Y al hablar de amnistías es obligado referirse a la amnistía por excelencia, la penal, que tanto predicamento tuvo en la Transición y que sirvió para cerrar viejas heridas; en cambio, con un Estado débil, fracasó con los presos etarras: fue amnistiarles y volver no pocos a los atentados.
Si las amnistías sirven como medicina de guerra, que salva al herido de muerte, se admiten; pero hay factores que las ensombrecen. Muestran un Estado incapaz para cumplir con sus deberes, de ahí que esa incapacidad haga que los efectos de las amnistías son limitados pues no se impide que, tarde o temprano, rebroten ilegalidades como las perdonadas. Pero lo que más ensombrece el posible beneficio coyuntural es que dejan un poso de injusticia. Con la reciente amnistía fiscal el cumplidor verá que es de peor condición que el defraudador a quien, encima, hay que agradecerle que retorne sus rentas.
Esta percepción de injusticia da alas a conductas no muy ejemplares: o la de quienes buscan excusas para la demagogia y la agitación o para la picaresca, que para algo somos el país del Lazarillo. Un contribuyente cumplidor, un empresario responsable o quien tiene dada de alta a una empleada de hogar puede concluir que compensa ser defraudador, empresario sin escrúpulos o tener una empleada sin Seguridad Social; el alcalde respetuoso con el dinero de sus vecinos puede concluir que le habría compensado gastar con fines electorales y demagógicos. Pero para escarnio de millones de parados, desahuciados y de los miles de empresarios arruinados, esa otra amnistía: la de los causantes de nuestra ruina; aunque más que perdón, lo que no hay es exigencia de responsabilidad alguna. Y de ellos, uno goza de prebendas vitalicias. Por previsión legal.
