MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La comparecencia de Bosch, prevista en principio para el jueves 29 de octubre, cuando está convocada la huelga general, fue adelantada por el magistrado instructor en interés de evitar las posibles complicaciones en transportes y comunicaciones que puedan derivarse del paro de los trabajadores.
Ese mismo día estaba citada también la directora técnica de la farmacéutica Nupel María José Marqués Navarro, quien remitió un escrito al alto tribunal señalando su imposibilidad de acudir el día 29 a la citación. Esta comparecencia ha quedado suspendida 'sine die'.
IMPORTANCIA DE LA COMPARECENCIA
En la exposición razonada que la jueza que investiga la trama en Lugo, Estela San José, remitió al Tribunal Supremo a finales del pasado año se señalaba que el ex ministro podría haber incurrido en posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho. La magistrada basó dicha acusación, con el beneplácito de la Fiscalía, en la existencia de numerosos mensajes que Blanco se envió con Orozco sobre las licencias de una nave en Sant Boi (Barcelona).
En este contexto, el vicepresidente de Azkar reconoció ante el alto tribunal haber informado al ex ministro de una parcela cercana al aeropuerto de El Prat donde su empresa planeaba construir una plataforma logística.
Azkar no había logrado completar los trámites administrativos para conseguir la licencia de obras, que dependían del Ayuntamiento de Sant Boi, y así se lo dijo a Blanco, aunque Orozco puntualizó durante su declaración que no le pidió al ministro que hablara con el alcalde para que le arreglara este problema. No obstante, días después Orozco recibió una llamada Secretario de Estado de Transportes y tuvieron una reunión con el regidor, llegando a obtener la licencia.
El calendario de testigos se completa con las citaciones, para el martes 27, de las trabajadoras de Nupel María Isabel Fernández Y Martá Andón, ambas imputadas en la causa que se investiga en Lugo; mientras que el miércoles compareceran, igualmente en calidad de testigos, José Amador Fernández Rodríguez (administrador y también imputado en Lugo) y Jennifer Álvarez Padrosa (responsable del registro).
