MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha dirigido al juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Guateque', para pedirle información sobre la actividad que está realizando el Juzgado Bis que se autorizó en su día para ayudar al magistrado a descargar de trabajo este sumario, que investiga desde hace cinco años una supuesta trama de licencias exprés en el Ayuntamiento de Madrid.
Las partes personadas en el proceso penal han recibido una notificación que informa de que el CGPJ ha solicitado estadísticas al magistrado para comprobar que la creación de este Juzgado Bis está justificada después de las quejas de que la instrucción no avanza desde hace meses.
De hecho, varios imputados presentaron hace semanas una queja formal ante el Defensor del Pueblo por las dilaciones en la investigación. La propia Fiscalía de Madrid trasladó a esta institución
su preocupación por "la lentitud" en la que avanza la instrucción.
Este caso se remonta al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del juez Torres, al frente del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid. Entre los apresados, figuraban funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias Juntas Municipales.
Los principales imputados son Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos. Además, varios exconcejales de distrito están implicados en la causa penal.
QUEJA ANTE EL DEFENSOR
La queja ante el Defensor del Pueblo se producía después de que el Consejo archivara varias quejas contra el juez por no tramitar las actuaciones planteadas por las partes personadas en el proceso penal.
Pese a que han transcurrido cinco años, los imputados denuncian la paralización de la causa. Hace un año, el Juzgado justificaba el parón en la falta de funcionarios, pero esta cuestión ya se resolvió al autorizar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un Juzgado Bis.
Sin embargo, los imputados y abogados consultados por Europa Press sostienen que el juez no está tramitando los escritos que presentan las partes. Si el caso llega a juzgarse, esto podría llevar a las partes a solicitar que se aprecie la atenuante de dilaciones indebidas.
El parón se ha producido después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara hace dos años que la causa fuera juzgada por un Jurado Popular después de que el juez solicitara transformar la causa por los trámites de la Ley Orgánica del Jurado Popular.
El instructor estimaba que el delito de cohecho, que es competencia del Jurado Popular, prevalece sobre el resto de imputaciones, como los delitos urbanísticos o las falsedades documentales.
