MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El juez admite la personación de estos afectados, que perdieron sus ahorros invertidos en cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la caja alicantina, y pide al Ministerio Fiscal que emita un informe sobre esta decisión.
En la querella se acusa a los antiguos gestores de la CAM de estafar a más de 55.000 clientes con una venta "planificada y sistemática" de estos productos utilizando la información "falsa".
Los clientes mantienen que la caja les aseguró que "podían retirar sus inversiones en todo momento" y que comunicó haber obtenido beneficios cuando al cierre de 2011 registró unas pérdidas de 2.700 millones de euros. El Banco de España intervino la CAM en julio de 2011 y destituyó a la cúpula de la caja por las presuntas irregularidades.
El pasado mes de diciembre, el Banco Sabadell se adjudicó la caja y el Fondo de Garantía de Depósitos inyectó 5.249 millones de euros, además de los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).
El abogado Diego de Ramón, representante de los afectados reunidos en la asociación Plataforma CAM, ha solicitado a la Audiencia Nacional que imponga una fianza de 4,42 millones de euros o decrete el embargo de bienes a los antiguos gestores de la caja alicantina para cubrir las pérdidas sufridas por los clientes o que decrete el embargo de bienes.
Los querellantes piden la declaración como imputados de una decena de antiguos gestores, entre ellos, la última directora general de la CAM, María Dolores Amorós, a su antecesor en el cargo, Roberto López Abad, y del expresidente de la caja alicantina Modesto Crespo.
En noviembre de 2011, el juez titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, admitió a trámite la denuncia presentada por De Ramón y abrió diligencias de investigación en las que participa la Fiscalía Anticorrupción.
