MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación presentado por Ciudadanía Anticorrupción, Asociación contra la Corrupción Sistemática y en Defensa del Libre Ejercicio de la Acusación Popular del abogado Antonio Panea, que presentó la querella contra el juez Baltasar Garzón por los cobros del Santander.
En el auto, el tribunal concluye que la cantidad de 25.000 euros impuesta por el juez cumple con la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que la fianza para ejercer como acusación popular debe ser "proporcionada y equitativa".
Además, los magistrados consideran que la acusación popular ejercida por esta asociación no se incluye en ninguna de las excepciones que establece el artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) para no prestar fianza y que, en este caso, sería ser el ofendido por el delito o su representante legal.
El pasado 15 de noviembre de 2011, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió la personación como acusaciones populares en esta causa del sindicato Manos Limpias, de esta asociación y de la asociación Preminencia del Derecho, condicionada a la prestación de una fianza de 25.000 euros. La Audiencia Nacional está pendiente de resolver otros dos recursos similares presentados por las otras dos acusaciones populares.
La familia Botín se mostró en contra de la presencia de las acusaciones populares en el proceso y presentó un recurso de apelación alegando que no existía una denuncia formal contra ellos, lo que impide la personación de las acusaciones populares sin prestar fianza.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó su recurso al concluir que fue la Agencia Tributaria la que denunció y que de las regularizaciones practicadas de forma extemporánea "cabría la posibilidad de que hubiera podido cometerse un delito contra la Hacienda Pública".
Las asociaciones y el sindicato se personaron como acusación popular tras conocer la apertura de la causa contra la familia Botín el pasado mes de junio por las investigaciones derivadas del caso de las cuentas ocultas de HSBC iniciado en mayo de 2010. Las tres mantienen que la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional permite personarse como acusación popular sin fianza cuando una causa ya está en marcha.
Ese mes, la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en el HSBC Private Bank Suisse con fondos por los que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.
