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Audiencia esencial; por Pablo Llarena, Portavoz de APM

16/02/2012
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El día 16 de febrero de 2012, se ha publicado en el Diario La Razón, un artículo de Pablo Llarena, en el que el autor opina sobre el debate de eliminación de la Audiencia Nacional. Transcribimos íntegramente el texto del artículo.

AUDIENCIA ESENCIAL

Cuando suena un cojinete, siempre hay quien quiere pegarle fuego al coche. Es un tremendismo acrítico muy propio de nuestro país. Resulta evidente que si concentramos importantes responsabilidades en una determinada esfera de decisión, se producirán palmarios desajustes si sus protagonistas no aciertan a desempeñar adecuadamente su cometido. No obstante, eso no puede ser argumento para acabar con el instrumento, sino que lo que impulsa es a velar por su mejor funcionamiento.

La reflexión viene al cabo del debate de eliminación de la Audiencia Nacional. Todo Estado tiene delitos que por su gravedad esencial o por su extensión territorial, sobrepasan el límite de funcionamiento ordinario de los pequeños juzgados. Son delitos que conmocionan a la mayor parte de los ciudadanos y que justifican un reforzamiento de los instrumentos públicos para combatirlos, no sólo dotando de un nivel de protección personal que evite coacciones y que no se justifica -ni puede abordarse- con respecto a todos los jueces del país, sino facilitando instrumentos y profesionales especializados en una manera que resultaría inalcanzable para todos los juzgados de España. El terrorismo, la delincuencia transnacional y de amplia proyección en varias comunidades autónomas o delitos que afectan a la credibilidad financiera de un país como la falsedad de moneda, no pueden ser abordados en los puntos rurales en que puedan coyunturalmente manifestarse, ni pueden ser gestionados con los medios y la protección general que se dispensa a los jueces. La Audiencia Nacional es por ello una organización judicial esencial y lógica, con competencias plenamente adecuadas y alejadas de la excepción; y su subsistencia resulta imprescindible para la protección de los derechos individuales de los españoles, más allá de que, como es lógico, aspiremos a un ejercicio responsable de su cometido.

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