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Escoltas

Sólo una decena de jueces vascos llevará escolta tras los ajustes que realizarán los Gobiernos vasco y central

09/02/2012
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Representantes de la Judicatura, Ares y Urquijo se reúnen el viernes en Bilbao para concretar la reducción de guardaespaldas

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

La escolta a los miembros de la Judicatura de la Comunidad Autónoma Vasca se reducirá a una decena en próximas fechas. Desde 2001, año en el que ETA asesinó al magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María Lidón, la totalidad de los jueces que ejercían en Euskadi, unos 200, llevaban escolta, aunque, en la actualidad, debido a la disminución del riesgo terrorista, la escolta se había reducido a unos 80 ó 90, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Este próximo viernes, día 10, se reunirán en el Palacio de Justicia de Bilbao miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), encabezados por su presidente, Juan Luis Ibarra, con el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo.

Los Gobiernos vascos y central se han puesto de acuerdo en reducir los guardaespaldas a los colectivos que estaban amenazados por ETA, tras la decisión de la banda armada del 20 de octubre de abandonar la actividad terrorista. No obstante, se adoptarán otras medidas como contravigilancias.

Los representantes de los jueces ya tenían conocimiento de la extensión al colectivo de esta medida, que será ratificada en el encuentro del viernes, en el que está previsto que se concrete la fecha en la que se procederá a la casi desaparición de los escoltas que protegen a la Judicatura vasca, algo que también afectará a los fiscales.

El criterio de los responsables de Interior es mantener la protección al máximo representante del TSJPV y a los presidentes de Sala y de las tres audiencias provinciales y al juez decano, además de a algún otro miembro de la carrera judicial que haya sido amenazado de forma directa por ETA, lo que, según cálculos de la Judicatura, supondría que los guardaespaldas sólo protegerían a alrededor de una decena de jueces.

En concreto, la retirada de los escoltas dependientes del Departamento de Interior del Gobierno vasco a los miembros de la carrera judicial se producirá el día 14 de ese mismo mes.

La escolta a los magistrados que ejercen en la Comunidad Autónoma Vasca ya se había reducido de forma importante en los últimos meses. En la mayoría de los casos, se quitó uno de los guardaespaldas, cuando lo habitual era llevar dos.

Ello produjo que muchos jueces decidieran prescindir del escolta. Además, últimamente, los nuevos miembros de la Judicatura que eran destinados a Euskadi no han sido dotados de esta protección. Las fuentes judiciales consultadas han señalado que, aunque, en un principio, el malestar por la reducción de la escolta era más generalizada, en la actualidad, es algo "que está asumido".

"AJUSTES"

Precisamente, el pasado 24 de enero, se reunieron en el Palacio de Artaza, en la localidad vizcaína de Leioa, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el consejero Rodolfo Ares, y uno de los temas que trataron fue el ajuste que se iba realizar en la protección de los amenazados.

Según explicó Fernández Díaz tras el encuentro, el hecho de que la banda ha dejado de actuar "es una realidad" y a esa situación se le añade "otra, que es que el Gobierno de España está sometido a unas limitaciones presupuestarias extraordinarias".

"La conjunción de esas dos realidades nos llevan a que, efectivamente, es razonable que racionalicemos los recursos que tenemos destinados a la protección de personas en un momento en el que esa amenaza ha disminuido", apuntó.

Por su parte, Ares precisó que, en la actualidad, no hay ninguna información que lleve a pensar que hay una decisión de volver a desarrollar actividades terroristas: atentados o amenazas contra las personas".

En este sentido, aseguró que, "con prudencia, flexibilidad y teniendo en cuenta los informes policiales, y el estado de ánimo y la situación en la que vive cada una de las personas protegidas", se realizarían "ajustes" que, según puntualizó, pueden ser reversibles, si fuera necesario. La reducción definitiva podría producirse este mismo mes.

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