BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
Según la norma catalana, se aplicaría una tasa para la prestación de servicios personales y materiales en los ámbitos de competencia de la Generalitat, y otra para la utilización y el aprovechamiento de los bienes y servicios.
La primera se aplicaría en los recursos de apelación y casación de la jurisdicción civil y la contencisosa-administrativa, "sin perjuicio de las tasas de otros tributos de carácter estatal que se puedan exigir", si bien habrá casos de exención como las personas con derecho reconocido a la asistencia jurídica.
Como afirma el proyecto de ley, esta tasa será fija según el tipo de procedimiento, mientras que la segunda consistirá en una cantidad de 60 euros anuales que podrán variar según el uso de los bienes no concretados en esta norma.
En la Comisión de Justicia del Congreso de este miércoles, Gallardón ha anunciado esta nueva medida, aunque ha matizado que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera y no se aplicará a las personas que acrediten falta de recursos.
