LA SOSTENIBILIDAD DE LA JUSTICIA
Las administraciones deben contribuir a la sostenibilidad de la sociedad siendo ellas mismas sostenibles. La Justicia, servicio público esencial, debe también contribuir a la sociedad como motor de progreso, sin irresponsables costes, y con una modernización sostenible, basada en el consenso, con liderazgo suficiente de nuestro Ministerio y un firme cambio de perspectiva por parte de todos. El concepto básico de optimización de recursos, ideas y personas justificará la inversión.
La Justicia ha sido ejemplo de derroche cuando la única respuesta ante el incremento de demanda era gastar millones en nuevos juzgados desconectados entre sí, o se justificaba el nulo aprovechamiento de las capacidades y el talento con unos viejos procesos de trabajo considerados ritos inamovibles. Optimizar al mínimo coste exigirá oficinas judiciales mayores que centralicen las tareas que se repiten, mejoren la gestión y especialicen equipos con flexibilidad de estructuras para atender las necesidades cambiantes. Si la pequeña empresa, el autónomo, precisa cobrar para sobrevivir, la Justicia debe poder flexiblemente dedicar recursos con agilidad.
Esta reforma obvia es la base esencial de la LOPJ de 2003, los principios de la Nueva Oficina Judicial. Debemos aprovechar lo bien hecho, la experiencia adquirida, y mejorar los defectos de implantación; debemos hacer un esfuerzo coordinado y conjugar las nuevas tecnologías con la eliminación progresiva del papel y la unificación del sistema informático; y todo ello con una administración moderna de los recursos humanos, para que los mejores afloren sin las ataduras de una organización del siglo XIX, y con la simplificación de procesos ahorrando y redistribuyendo trámites y tareas. Todo esto puede hacerse con los previsibles escasos recursos públicos y se puede ser sostenibles, y rentables, utilizando el mejor recurso de todos: el factor humano.
En sus últimas declaraciones, el Ministro de Justicia, en un acertado diagnóstico, lanza las primeras iniciativas, como la reducción de la entrada de asuntos o la revisión de la inhabilidad de agosto. La Justicia no puede quedar interrumpida en agosto. Hay actuaciones, sobre todo ejecutivas (desahucios, embargos, notificaciones), que no pueden esperar, porque el ciudadano y la economía no esperan. Otras, como los juicios, pueden realizarse adaptando estructuras y acogiendo las necesidades del ciudadano y del profesional, como el disfrute vacacional, mediante una programación realizada con suficiente antelación. El desarrollo sostenible de un auténtico servicio público es un fin moral que sólo con nuestro empeño colectivo podrá lograrse.
