MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
Este acuerdo, que ratifica el suscrito por la anterior Mesa antes de las elecciones generales, supone que los promotores tendrán nueve meses para recoger las 500.000 firmas necesarias para que el texto llegue al Pleno del Congreso.
En la anterior Legislatura, el órgano de gobierno de la Cámara Baja tuvo que decidir sobre la admisión o no de dos iniciativas surgidas de distintos colectivos de la sociedad civil relativas a la dación en pago y a la creación de un alquiler social adaptado a quienes no pueden afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual.
CONFLICTO DE INICIATIVAS
La ley que regula este tipo de iniciativas populares establece que no pueden tramitarse dos ILP que versen sobre el mismo asunto y que, si se registra más de una sobre el mismo tema, debe darse prevalencia a la primera.
Las dudas surgieron porque ambas se registraron con un día de diferencia y en lugares distintos. La promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Observatorio DESC, las asociaciones de vecinos catalanas, la Taula del Tercer Sector Social, la Unió de Consumidors de Catalunya, CC.OO. y UGT se registró en una oficina de Correos de Girona, mientras que la otra se presentó directamente en el registro de la Cámara.
LOS PROMOTORES PODRÁN ASUMIR SU DEFENSA
Finalmente se comprobó la validez del registro realizado en Girona y que éste tuvo lugar un día antes de la que se presentó en el propio Registro del Congreso.
Cuando los promotores de la iniciativa que se ha calificado recaben el medio millón de firmas que fija la ley y estas sean ratificadas por la Junta Electoral Central, la próxima Mesa del Congreso ordenará la publicación del texto, que deberá ser debatido en el Pleno a más tardar en seis meses. Sus promotores podrán acudir a la Cámara a defender su propuesta.
