SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
Según relata la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, F.J.G., trabajó entre 2002 y 2007 como director de la Delegación en Andalucía de esta empresa, motivo por el que "tenía conferidos poderes notariales con amplísimas facultades de disposición de las cuentas corrientes y fondos de los que la empresa era titular", todo ello "siempre que no sobrepasara 3.000 euros por transacción u operación".
Así, la Audiencia Provincial considera probado que el imputado, "aprovechando tales circunstancias, abusando de las facultades que tenía conferidas, con la intención de enriquecerse, sin consentimiento ni conocimiento de la entidad y sin que tuviera como destino el objeto propio de la actividad empresarial, se apoderó de al menos 1,2 millones de euros".
De este modo, y acerca de su 'modus operandi', la Audiencia Provincial señala que, entre octubre de 2006 y septiembre de 2007, el imputado "realizó numerosas y sucesivas transferencias" desde las cuentas de la empresa hasta las cuentas "de las que él personalmente era titular" por un importe total de 437.776,31 euros. Además, entre 2003 y 2009 realizó a cuentas personales otras transferencias, y procedió al ingreso de cheques y pagarés librados por 616.381,73 euros.
Además, entre los días 11 y 22 de marzo de 2007, el acusado firmó 12 cheques por un importe total de 22.000 euros con cargo a las cuentas de la empresa y a favor de la cuenta abierta a nombre de su hermano, aunque "no consta que éste estuviera concertado con el acusado o que tuviera conocimiento del origen del dinero", mientras que también se apoderó de 58.563,03 euros mediante reintegros en efectivo o por ventanilla.
Asimismo, "y mediante la simulación de gran cantidad de facturas giradas por supuestos proveedores a la empresa para su pago", el procesado consiguió hacerse con un efectivo ascendente a 162.143 euros. El acusado ha reintegrado a la empresa un total de 224.985 euros del total que hizo suyo, todo ello cuando "los hechos ya habían sido denunciados".
La Audiencia relata que el acusado "ha admitido su intervención en estas operaciones, aunque les confiere un propósito ajeno a su enriquecimiento personal", ya que "afirma que el ingreso en su patrimonio del numerario se debe a una forma especial de operar de la sociedad, para ocultar dinero en 'B', o porque se hacían cuantiosos regalos para así conseguir contratos para la entidad o pago de primas a los empleados que ésta no quería que figuraran como realizados por ella", una versión que "no goza de credibilidad".
Así, argumenta que el resultado de las pruebas periciales practicadas "incide en la existencia del enriquecimiento injusto obtenido por el denunciado merced a las apropiaciones realizadas", e incide en que "las plurales y numerosas apropiaciones y falsedades documentales se han producido obedeciendo a un mismo afán de enriquecimiento injusto".
Por estos hechos, la Audiencia Provincial condena al acusado a tres años de cárcel y el pago de una multa de 4.500 euros por un delito continuado de apropiación indebida con la agravante de especial gravedad, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, así como al pago de una indemnización de 1.081.587 euros.
