ÁVILA, 1 (EUROPA PRESS)
Según informó el sindicato, se trata de "un asunto ya sentenciado dos veces y que se inició en mayo de 2009", cuando CC.OO. presentó ante el Servicio Territorial de Industria de la Junta en Ávila un escrito donde solicitaba información ambiental sobre un expediente, en aquellos momentos en fase de información pública, promovido por la empresa constructora Inveralde, que pretendía la declaración de agua minero-medicinal y termal por el Servicio de Industria, extraída de unos sondeos en la zona afectada por la ilegal macrourbanización de Villanueva de Gómez.
CC.OO. reclamaba la parte "desgajada y ausente" de ese expediente que correspondía a los sondeos efectuados a 650 metros de profundidad y cuyos documentos inexplicablemente no aparecían en el expediente sometido a información pública y que tampoco se permitieron ver a los miembros del sindicato.
A juicio del sindicato, el "tratamiento opaco e irregular del asunto dado por el jefe del Servicio de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Ávila, evidenciaba el carácter clandestino del expediente que ocultaba parte de la información del cuerpo de toda la documentación, habiéndose desgajado y vetado a CC.OO. en pleno trámite de información pública".
El sindicato considera el hecho "una circunstancia ajena y contraria al derecho de acceso a la información medioambiental, derecho inalienable y amparado jurídicamente que goza de las máximas protecciones comunitarias y nacionales como ahora lo ratifican también las dos sentencias".
El Jefe del Servicio de Industria "en todo momento intentó, de forma caprichosa y carente de razonabilidad, vetar el derecho de acceso a información medioambiental, mediante una estrafalaria resolución" en la que acordaba "denegar la solicitud presentada", indicando que "de acuerdo con lo mencionado entendemos que la información solicitada no tiene hasta el momento carácter medio ambiental sino que se limita exclusivamente a cuestiones mineras", lo que "ahora queda por segunda vez desautorizado".
El sindicato ha lamentado que las costas deba abonarlas la Junta por culpa de "la cerrazón de un proceder personal carente de justificación del Jefe del Servicio de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Ávila", y creen que "es lamentable que por los resultados de la conducta contumaz de un cargo público seamos todos los contribuyentes los que abonemos esta errónea e inverosímil decisión, que pretendía ocultar una información a la que legalmente todos los ciudadanos tienen derecho a acceder y conocer".
